domingo, 6 de septiembre de 2026

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6/9/2026

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LAS NOTICIAS


El Gobierno diseña un esquema de vigilancia en el Atlántico Sur con radares e inteligencia de señales






El Gobierno diseña un esquema de vigilancia permanente del Atlántico Sur que combinará radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales desde Tierra del Fuego y busca establecer un centro de comando en la Base Naval Integrada de Ushuaia. La iniciativa forma parte de la estrategia de Seguridad Nacional que Javier Milei anunció en la cadena por Malvinas y sobre la que la Casa Rosada comenzó a reforzar recursos presupuestarios.


El plan contempla incorporar capacidades de SIGINT -inteligencia de señales- para complementar la información que producen los radares. Se trata de tecnología destinada a detectar, identificar y analizar emisiones electromagnéticas, comunicaciones y señales de distintos sistemas para reconstruir movimientos y obtener información sobre los medios que operan en una zona determinada.

Ante consultas de TN sobre si el aumento de las capacidades de telecomunicaciones en Tierra del Fuego anunciado por Milei incluye radares para vigilar el Atlántico Sur, en Nación confirmaron que esa tecnología forma parte del esquema. La planificación también incorpora inteligencia de señales dentro de las capacidades que el Ejecutivo pretende desplegar en el extremo austral.

La intención es concentrar progresivamente esas fuentes de información en un esquema integrado de comando y vigilancia, que permita cruzar datos provenientes de radares, sensores, sistemas de comunicaciones y medios espaciales. La Base Naval Integrada aparece como el punto central para articular ese despliegue junto con las capacidades ya existentes de las Fuerzas Armadas.

Milei anticipó parte de esa orientación durante la cadena nacional. El Presidente anunció recursos adicionales para construir la base e “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones” y sostuvo que Tierra del Fuego debe convertirse en el principal polo logístico argentino sobre el Atlántico Sur. También ubicó expresamente la protección aeroespacial y marítima dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que enviará al Congreso.





El esquema excede así la construcción física de muelles e instalaciones para la Armada. En el Gobierno conciben el complejo austral como una plataforma desde la cual mejorar el conocimiento de lo que ocurre sobre el mar y el espacio aéreo, respaldar la actividad antártica y fortalecer la capacidad del Estado para detectar movimientos que considere relevantes para sus intereses estratégicos.

La decisión tiene además un correlato presupuestario inmediato. El DNU 867/2026, publicado después de la cadena, modificó las partidas nacionales para reforzar Defensa, Inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En los fundamentos, el Ejecutivo justificó específicamente un aumento de los recursos destinados a los proyectos y actividades espaciales del organismo.

Dentro de esa reestructuración, se incorporaron $117.000 millones adicionales para la CONAE, mientras Defensa recibió recursos para avanzar con la Base Naval Integrada y con la Base Antártica Conjunta Petrel. El despliegue se completa con un refuerzo superior a $30.000 millones para la SIDE. La distribución muestra que el paquete no se limita a infraestructura naval y alcanza también capacidades espaciales y de obtención de información.

Una de las piezas que encaja en esa estrategia es el satélite SABIA-Mar, actualmente en la fase final de ensayos y con lanzamiento previsto para el primer semestre de 2027. La CONAE informó que la misión permitirá observar mares y costas y producir información estratégica para la protección de recursos naturales, la seguridad y la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva.

La combinación responde a distintas escalas de vigilancia. Los radares aportan seguimiento sobre objetivos detectables en el área; la inteligencia de señales permite identificar y analizar emisiones; y los satélites ofrecen observación sobre superficies mucho mayores. La intención oficial es mejorar la capacidad para fusionar esa información y sostener una imagen más completa de la actividad en el Atlántico Sur.

El Gobierno viene trabajando además en la modernización del esquema de protección aeroespacial. El proyecto que llegará al Congreso incluirá modificaciones destinadas a volver más operativo el procedimiento frente a aeronaves declaradas hostiles y dar mayores garantías jurídicas para la aplicación de las reglas de protección. En ámbitos militares reconocen que actualmente existen capacidades de seguimiento, pero que el empleo de la fuerza atraviesa un procedimiento especialmente restrictivo.





La vigilancia marítima y aeroespacial es uno de los puntos que Milei decidió mantener dentro de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras dejó fuera otras reformas que habían aparecido en borradores anteriores. El Ejecutivo no incluirá cambios generales a la Ley de Seguridad Interior ni ampliará en ese expediente el rol de las Fuerzas Armadas dentro del territorio. Las modificaciones específicas del sistema de Inteligencia también avanzarán por separado.

La estrategia de Tierra del Fuego tiene antecedentes adicionales. La Casa Rosada viene revisando desde hace tiempo el mapa de radares, sensores e infraestructura tecnológica instalada en la provincia, incluida la situación del sistema de la empresa estadounidense LeoLabs en Tolhuin. El Ejecutivo había analizado reformular las condiciones de funcionamiento para obtener mayor acceso argentino a información y capacidades tecnológicas, aunque esa discusión corre por un expediente diferente.

Todo el esquema se inserta en la nueva definición estratégica sobre el Atlántico Sur que Milei explicitó después de los avances del proyecto petrolero Sea Lion. Durante la cadena, el Presidente sostuvo que la seguridad nacional incluye no sólo la defensa territorial sino también la economía, los recursos críticos, las comunicaciones y la capacidad de proyección sobre la Antártida. “Proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó.

La Casa Rosada busca ahora traducir esa definición en una arquitectura concreta de vigilancia desde Tierra del Fuego. La Base Naval Integrada será el eje físico; los radares, la inteligencia de señales y las telecomunicaciones aportarán información táctica; y el componente espacial ampliará la observación sobre el mar y las costas. El objetivo de fondo es que la Argentina tenga una capacidad más permanente de seguimiento del Atlántico Sur y que Ushuaia funcione como uno de los centros desde los cuales se concentre y procese esa información. /TN


Un diputado denunció que una petrolera británica sancionada por operar en las Malvinas accedió al RIGI con otro nombre






Un diputado opositor denunció a través de redes sociales que una compañía petrolera británica, que fue sancionada por operar en las islas Malvinas, accedió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se trata de Maximiliano Ferraro, legislador nacional y presidente de la Coalición Cívica, quien denunció que Harbour Energy (antes Premier Oil PLC, misma persona jurídica inscripta en UK desde 2002) participa con el 15% en Southern Energy, proyecto al que el gobierno aprobó beneficios del RIGI mediante la Resolución 559/2025 pese a su inhabilitación vigente hasta 2028.

"Inhabilitada por Malvinas, premiada por el RIGI", es el título del largo posteo del dirigente opositor donde cuenta que en 2021, la compañía Premier Oil cambió su denominación pasando a llamarse Harbour Energy.

La inhabilitación de 2013 por Resolución 481 se basó en la Ley 26.659 por operar sin autorización en la plataforma continental cerca de Malvinas; Ferraro señala que la norma alcanza a accionistas y controlantes, y que un cambio de denominación en 2021 no levanta las sanciones.

"El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy, esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro", posteó Ferraro.

El diputado exigió explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno sobre cómo se aprobó el proyecto de exportación de gas desde Río Negro sin advertir la inhabilitación, destacando que ningún acto administrativo puede ignorar una prohibición vigente.

INHABILITADA POR MALVINAS, PREMIADA CON EL RIGI A la luz del comunicado emitido, del anuncio realizado en cumplimiento de la Ley N.° 26.659, de lo dispuesto por el Presidente de la Nación y de las últimas comunicaciones oficiales, les hago una consulta, Pablo Quirno y Luis Caputo. Según constaría en los registros societarios del Reino Unido, Premier Oil PLC y Harbour Energy plc no serían dos empresas distintas, serían la misma persona jurídica, inscripta bajo un único número de registro, con un cambio de denominación social operado en 2021. Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior. De ser así, la inhabilitación dispuesta en 2013 sobre Premier Oil PLC, vigente hasta 2028, alcanzaría a la sociedad hoy denominada Harbour Energy plc. El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy, esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro. Y esto no es un dato menor: la Ley 26.659 no solo alcanza a quienes operan directamente, sino también a sus accionistas y controlantes. En 2013, la Resolución 481 de la Secretaría de Energía inhabilitó por 15 años a Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la República Argentina, por operar en la plataforma continental cerca de Malvinas sin habilitación argentina. El fundamento fue la Ley 26.659. Esa inhabilitación sigue vigente hasta 2028. En 2021, Premier Oil habría cambiado su denominación pasando a llamarse Harbour Energy. Por la Resolución 559/2025, el Ministerio de Economía le aprobó a Southern Energy ( 15% de Harbour Energy) la adhesión al RIGI: beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por décadas. Alguien dirá que Harbour ya no opera en Malvinas. Es cierto, vendió sus activos en las islas en 2022. Pero ese no es el punto, y conviene decirlo con claridad. La Ley 26.659 no prohíbe únicamente operar en el mar argentino sin habilitación. Su artículo 2 prohíbe esa conducta a la empresa que opera y también a sus accionistas. Y su artículo 5 va más lejos: prohíbe al propio Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas. El problema es que Harbour arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028, y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI. Tampoco se entiende cómo esta información no fue advertida por las áreas que intervienen y realizan los dictámenes legales en cada expediente antes del dictado del acto administrativo. Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente. Estaría bueno que los ministros brinden una explicación sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si tienen previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación.


El Gobierno prepara un nuevo gesto a EEUU en el proyecto de ley por Malvinas y avanzará sobre proveedores estratégicos







El Gobierno prepara un nuevo gesto hacia Estados Unidos dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada incorporará un marco para proteger la infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para los proveedores que intervengan en sectores estratégicos, una agenda que la administración de Donald Trump viene impulsando frente a la expansión tecnológica de China.

La medida no estará limitada a Vaca Muerta ni a la controversia puntual por la presencia de Huawei en Neuquén. En Nación aseguran que el esquema alcanzará a toda la infraestructura que el Estado defina como crítica e incluirá condiciones para proveedores, estándares de ciberseguridad y mecanismos de protección frente a riesgos externos.

El capítulo forma parte de la decisión del Ejecutivo de trasladar su alineamiento con Washington a herramientas concretas de seguridad nacional. En Balcarce 50 sostienen que la intención es profundizar la cooperación tecnológica, militar, energética y de inteligencia y acelerar durante los próximos meses los efectos de la relación política que Milei mantiene con Trump.

La agenda ya tiene movimientos en marcha. En las próximas semanas se espera la llegada a Buenos Aires de funcionarios estadounidenses para mantener reuniones vinculadas específicamente con cuestiones tecnológicas, según anticipan en la Casa Rosada. Los contactos se concentrarán en seguridad de redes, infraestructura sensible, cadenas de suministro y criterios para evaluar proveedores.

Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, también se encuentra en la Argentina con una agenda de reuniones que se mantiene reservada. La funcionaria había estado el jueves con Milei, Karina Milei y Pablo Quirno en Santiago de Chile y su gira oficial por ambos países se extiende hasta este fin de semana. En el Gobierno evitan detallar públicamente sus interlocutores y las actividades previstas en Buenos Aires.




Javier Milei, en cadena nacional: “Las Malvinas son argentinas, los isleños no tienen derecho a la autodeterminación”.

La incorporación de infraestructura crítica al proyecto retoma una discusión que la Casa Rosada había comenzado antes de los anuncios por Malvinas. El Ejecutivo ya analizaba crear requisitos nacionales para los proveedores de redes y centros de datos después de las advertencias estadounidenses por la utilización de equipamiento chino en infraestructura vinculada con Vaca Muerta.

Hasta ahora, esa evaluación contemplaba identificar instalaciones específicas como críticas y establecer condiciones de “proveedor confiable” para quienes suministren tecnología. El nuevo proyecto permitirá darle una dimensión más amplia: la intención oficial es construir un marco transversal para sectores cuya interrupción o vulneración pueda afectar la seguridad, la defensa, la economía o servicios esenciales.

La legislación argentina ya reconoce como áreas críticas la energía, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el transporte, las finanzas, el sector nuclear, el espacio, la salud y otras actividades esenciales. El problema que identifican en el Gobierno es que esa clasificación general todavía no cuenta con un régimen integral que establezca qué activos concretos quedan alcanzados y qué exigencias deben cumplir sus operadores y proveedores.

El antecedente estadounidense tiene un peso directo en la discusión. Washington utiliza mecanismos para identificar equipos y servicios tecnológicos que considera riesgosos para su seguridad nacional y aplica restricciones sobre compañías como Huawei y ZTE en determinadas redes, instalaciones públicas y sistemas críticos. La Casa Rosada analiza adaptar parte de esa lógica al marco argentino, sin replicarlo necesariamente de manera textual.

El proyecto estará estructurado alrededor del Consejo de Seguridad Nacional que Milei anunció durante la cadena por Malvinas. El organismo articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía y definirá una política obligatoria para las distintas áreas del Estado. Tendrá además un marco específico para infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.





Javier Milei junto a Karina Milei y el embajador Peter Lamelas.

El Presidente también pedirá al Congreso facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. En ese esquema, la evaluación de proveedores dejará de ser exclusivamente una cuestión técnica o comercial y pasará a formar parte del planeamiento estratégico del Ejecutivo.

La iniciativa llega en medio de una escalada entre Washington y Beijing por la tecnología utilizada en la Argentina. Estados Unidos cuestionó públicamente la participación de Huawei y otras compañías chinas en redes sensibles y reclamó avanzar hacia proveedores considerados seguros. China rechazó esos planteos y acusó a la administración Trump de intentar bloquear comercialmente a sus empresas.

La discusión se concentró inicialmente en la relación entre la cooperativa neuquina CALF y Huawei, pero el Gobierno busca evitar que la futura regulación dependa de contratos particulares o de la jurisdicción de una provincia. En Nación sostienen que el instrumento deberá permitir establecer estándares nacionales para cualquier infraestructura que sea considerada estratégica.

El giro se conecta además con la agenda económica y comercial que Milei busca acelerar con Estados Unidos. Las conversaciones bilaterales ya incluyen seguridad de cadenas de suministro, telecomunicaciones, energía, minerales críticos e infraestructura, y la Casa Rosada pretende avanzar en paralelo con los capítulos pendientes del acuerdo comercial firmado en febrero.

El proyecto por Malvinas se convertirá así en un vehículo para una reforma de seguridad nacional mucho más amplia. Además de endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en las islas, el Gobierno buscará regular la infraestructura crítica, fijar requisitos para proveedores y reforzar la ciberseguridad. En Balcarce 50 lo consideran parte de una misma estrategia: fortalecer las capacidades argentinas y profundizar, al mismo tiempo, la convergencia con Estados Unidos en la competencia tecnológica global. /TN



Categoría 4: senadora tucumana que cobra $ 13 millones por mes figura en la Central de Deudores del BCRA







Una legisladora tucumana que cobra 13 millones de pesos por mes aparece entre los integrantes del Congreso Nacional que registran deudas en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de Sandra Mariela Mendoza, senadora nacional por Tucumán, integrante actualmente del bloque Convicción Federal. Según un relevamiento realizado sobre las declaraciones juradas de los legisladores y los registros del BCRA, figura con una deuda de $95.000 con el Banco Nación, correspondiente a la categoría 4, considerada de alto riesgo de insolvencia.

Desde el entorno de la senadora tucumana señalaron que en los próximos días emitirán un comunicado oficial para aclarar la situación.

El caso de Mendoza forma parte de un relevamiento que identificó a seis diputados y dos senadores nacionales con problemas en el cumplimiento de distintas obligaciones financieras. En conjunto, las deudas informadas ascienden a más de $515 millones.





La senadora Mendoza con su esposo José Orellana.

Los otros legisladores que figuran como morosos


La senadora Vilma Bedia, de Jujuy y perteneciente a La Libertad Avanza, figura con una deuda de $48.916.000 con el Banco Nación, en categoría 4.

Entre los diputados aparece Ernesto Alí, de Unión por la Patria, representante de San Luis, con una deuda de $150.452.000 con el Banco Supervielle, en categoría 4. Desde su entorno explicaron que se había atrasado tres cuotas de un crédito hipotecario UVA, pero aseguraron que actualmente se encuentra al día.

También figura José Peluc, diputado de La Libertad Avanza por San Juan, con una morosidad de $168.362.000. Desde su entorno explicaron que el atraso se produjo por el pago mínimo de una tarjeta de crédito y que la situación fue regularizada mediante una refinanciación.

La diputada mendocina Lourdes Arrieta, actualmente integrante del bloque Provincias Unidas, registra una deuda de $36.442.000 con el Banco Nación, en categoría 4.

En tanto, Moira Lanesan Sancho, diputada de Santa Cruz por Unión por la Patria, figura con una deuda de $48.988.000 con el Banco de Santa Cruz, también en categoría 4.

Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza por Neuquén Soledad Mondaca registra una mora total de $71.218.000. De ese monto, $4.865.000 corresponden a una deuda en categoría 4 con Naldo Lombardi, mientras que otros $56.420.000 con el Banco Nación y $9.933.000 con el Banco Patagonia aparecen en categoría 5, considerada irrecuperable.

También aparece Verónica Razzini, diputada por Santa Fe del bloque de la Cámara baja, con una deuda de $37.817.000 con Banco Macro, en categoría 5. Desde su entorno atribuyeron la situación al proceso concursal de empresas de su familia, del que fue directiva y por el que habría quedado involucrada personalmente como fiadora.


DEPORTES

Fútbol


San Martín sigue hundido en sus propias dudas: perdió 2 a 0 ante Tristán Suárez y se aleja del Reducido







Sin fútbol y sin alma. San Martín sigue languideciendo en la Primera Nacional, con una campaña que apenas necesita de un adjetivo para ser definida: triste. Ante el líder de la zona B, el equipo de Alejandro Orfila, pese a cierta mejoría en el complemento, demostró por qué está más cerca del fondo de la tabla que de la cima. Y Tristán Suárez le hizo precio al vencerlo apenas por 2 a 0, sobre todo por lo producido en el primer tiempo.

Son apenas tres victorias en 11 partidos bajo la regencia del entrenador uruguayo, que mete mano, cambia nombres entre obligado y convencido, pero no le encuentra la vuelta. Las cuentas cada vez dan más en rojo para el “Santo”: con apenas ocho fechas por delante, sigue fuera de puestos de Reducido e incluso todavía no puede confiarse en que no vaya a sufrir peores penurias sobre el cierre de la fase regular.

Al principio, fue un partido sin arcos, en el que “no pasó naranja” hasta el minuto 18. Los hinchas, presentes en buen número, tenían solo para entusiasmarse el minuto de homenaje a Lionel Messi por su retiro de la selección argentina y la propia sorprendente campaña del “Lechero”.

Hasta ese disparo certero de Mauricio Guzmán al rincón derecho del arco defendido por Darío Sand, la pelota había sido manejada predominantemente por el local, aunque sin provocar peligro.

¿San Martín? Solo aquel cabezazo de arranque de Agustín Graneros que se fue por arriba y los méritos transitorios de presionar alto y esperar firme atrás ante las aproximaciones del equipo de Ezeiza.

Esa jugada de pelota preparada que terminó con los defensores de San Martín desparramados por el suelo, mientras el “Poeta” Diego Becker abría para un primer intento de Diego Mastrángelo y el acierto de Guzmán en segunda instancia. Una postal de la impotencia de la visita.

Ni siquiera la desventaja sacudió al conjunto de Orfila, que no paraba de dar indicaciones desde el corralito, sin que sus reclamos y orientaciones parecieran ser escuchadas por sus dirigidos.

Así, el reloj fue consumiendo los minutos hasta el intervalo, sin que San Martín volviera a patear al arco defendido por Joaquín Bigo, con excepción de un remate de larga distancia de Bruno Cabrera. Fuera de ello, apenas unos pelotazos largos en busca de Mauro Verón, sin ton ni son.

La estatura de equipo siempre fue mayor por el lado de los hombres de camiseta blanca, quizá con una única mácula: la falta de efectividad para meter el segundo y hasta el tercero antes del entretiempo. Habría sido pura justicia “poética” si ese tiro de emboquillada de Becker se metía en lugar de pegar en el travesaño. Y hubo otras salvadas también.

En fin, San Martín llegaría al complemento gozando de una segunda vida. Estaría por verse si, al igual que lo sucedido hace dos semanas en Villa Maipú contra Chacarita, otra vez Orfila encontraba revulsivos en el banco para que los últimos 45 minutos fueran visceralmente superiores a los primeros.

Rodrigo Ayala, Santiago Briñone y Diego Diellos fueron la apuesta del uruguayo. San Martín, es verdad, salió a jugar con otro ímpetu. Y el equipo de José María Martínez pareció predispuesto a cometer el mismo pecado que en Rafaela una semana atrás, cuando se fue al vestuario en ventaja y en el complemento se replegó en demasiado y permitió que "La Crema" se lo diera vuelta.

El doble "9" con Verón-Diellos, mientras duró, implicó más presencia en el área rival y el ingreso de Briñone redundó en alguna mayor presencia en el medio. Ayala, con poco, también mejoró la escasa productividad de Nahuel Gallardo en el primer tiempo.

Con todo, ni la entrada de Alan Cisnero consiguió traducirse en volumen de juego sostenido. Ni tampoco el despliegue de Leonardo Monroy alcanzó. Y eso que el entrenador Martínez demoró una eternidad en refrescar a su equipo con un par de variantes (realizó las primeras cuando Orfila ya había agotado las suyas).

En definitiva, San Martín en el complemento tuvo otro carácter, pero apenas si generó una chance clarísima en la agonía del partido, ese cabezazo de Diellos, solo de toda soledad, que ya preparaba el grito sagrado cuando Bigo se estiró para sacarla al córner en gran forma.

Ante el “Lechero”, que rubricó con ese tiro libre postrero de Marcos Enrique que se desvió en la barrera y es cada vez más puntero, San Martín careció de asociaciones, de claridad, de casi todo lo que necesita un equipo para ser llamado de tal. Y se volvió a Tucumán con una mueca cada vez más preocupada. / Por Marcelo Androetto La Gaceta


Tucumán Central perdió sobre la hora, descendió del Federal A y el partido terminó a las piñas






Terminó el sueño de Tucumán Central en el Torneo Federal A. El conjunto de Villa Alem perdió este sábado por 1 a 0 ante Sarmiento de Resistencia, quedó condenado a regresar al Torneo Regional Amateur en 2027 y protagonizó un escandaloso final en el estadio Centenario.

El partido se definió de manera agónica. Pablo Martínez marcó el único gol a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando el empate parecía sellado y los tucumanos intentaban sostener un resultado que mantenía abiertas sus posibilidades.

Durante buena parte del tramo final, los futbolistas de Tucumán Central buscaron consumir tiempo ante la presión de Sarmiento. La situación generó el enojo de los jugadores y simpatizantes locales. Después del gol comenzaron a escucharse insultos desde las tribunas contra el banco visitante.

La tensión explotó en los últimos segundos. Un jugador de Tucumán Central mantuvo un forcejeo con un alcanzapelotas de Sarmiento y varios futbolistas locales se acercaron para defender al joven.

La intervención de jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y auxiliares derivó rápidamente en una batalla campal. En medio del tumulto volaron golpes entre distintos protagonistas y el partido terminó completamente descontrolado.

Los jugadores de Sarmiento se apartaron posteriormente de la pelea, pero algunos integrantes del plantel tucumano continuaron enfrentándose con utileros y miembros del cuerpo técnico local.

Los incidentes se trasladaron hacia un sector cercano a las tribunas, donde algunos hinchas ingresaron al campo de juego. También se registró el lanzamiento de objetos desde la parcialidad de Sarmiento, mientras que desde el sector visitante respondieron arrojando elementos hacia las gradas.

Ante la gravedad de la situación, intervino la Policía. El plantel de Tucumán Central tuvo que abandonar el campo de juego bajo una fuerte custodia de los efectivos de seguridad.

El violento cierre desvirtuó el festejo de Sarmiento, que consiguió tres puntos fundamentales para continuar peleando por la permanencia. El conjunto chaqueño deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y luego recibirá a El Linqueño en sus dos últimas presentaciones de la Reválida.

Para Tucumán Central, en cambio, la derrota significó el final de su primera experiencia en la categoría. El Rojo de Villa Alem descendió apenas 202 días después de haber conseguido el histórico ascenso y su paso por el Federal A duró solamente una temporada.

Después de confirmarse la pérdida de la categoría, desde Tucumán Central difundieron un duro mensaje en sus redes sociales: “Nos dejaron solos”.

El club tucumano deberá reorganizarse y comenzar nuevamente el camino desde el Torneo Regional Amateur, con el objetivo de recuperar su lugar en el Federal A durante la temporada 2027.



Terminó el sueño de Tucumán Central en el Torneo Federal A. El conjunto de Villa Alem perdió este sábado por 1 a 0 ante Sarmiento de Resistencia, quedó condenado a regresar al Torneo Regional Amateur en 2027 y protagonizó un escandaloso final en el estadio Centenario.

El partido se definió de manera agónica. Pablo Martínez marcó el único gol a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando el empate parecía sellado y los tucumanos intentaban sostener un resultado que mantenía abiertas sus posibilidades.

Durante buena parte del tramo final, los futbolistas de Tucumán Central buscaron consumir tiempo ante la presión de Sarmiento. La situación generó el enojo de los jugadores y simpatizantes locales. Después del gol comenzaron a escucharse insultos desde las tribunas contra el banco visitante.

La tensión explotó en los últimos segundos. Un jugador de Tucumán Central mantuvo un forcejeo con un alcanzapelotas de Sarmiento y varios futbolistas locales se acercaron para defender al joven.

La intervención de jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y auxiliares derivó rápidamente en una batalla campal. En medio del tumulto volaron golpes entre distintos protagonistas y el partido terminó completamente descontrolado.

Los jugadores de Sarmiento se apartaron posteriormente de la pelea, pero algunos integrantes del plantel tucumano continuaron enfrentándose con utileros y miembros del cuerpo técnico local.

Los incidentes se trasladaron hacia un sector cercano a las tribunas, donde algunos hinchas ingresaron al campo de juego. También se registró el lanzamiento de objetos desde la parcialidad de Sarmiento, mientras que desde el sector visitante respondieron arrojando elementos hacia las gradas.

Ante la gravedad de la situación, intervino la Policía. El plantel de Tucumán Central tuvo que abandonar el campo de juego bajo una fuerte custodia de los efectivos de seguridad.

El violento cierre desvirtuó el festejo de Sarmiento, que consiguió tres puntos fundamentales para continuar peleando por la permanencia. El conjunto chaqueño deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y luego recibirá a El Linqueño en sus dos últimas presentaciones de la Reválida.

Para Tucumán Central, en cambio, la derrota significó el final de su primera experiencia en la categoría. El Rojo de Villa Alem descendió apenas 202 días después de haber conseguido el histórico ascenso y su paso por el Federal A duró solamente una temporada.

Después de confirmarse la pérdida de la categoría, desde Tucumán Central difundieron un duro mensaje en sus redes sociales: “Nos dejaron solos”.

El club tucumano deberá reorganizarse y comenzar nuevamente el camino desde el Torneo Regional Amateur, con el objetivo de recuperar su lugar en el Federal A durante la temporada 2027.






Tucumán Central perdió con Sarmiento en Resistencia y descendió del Federal "A"





En los minutos que el árbitro había añadido por las demoras del complemento, una pelota quieta resolvió lo que el trámite del partido no conseguía destrabar. Pablo Martínez apareció de cabeza para conectar un centro cerrado desde la derecha y estampó el único tanto del encuentro, un golpe que le regaló oxígeno a Sarmiento en su pelea por no perder la categoría y que, en simultáneo, empujó a Tucumán Central fuera del Torneo Federal A. El desenlace se dio este sábado en el estadio Centenario de Resistencia, en un cruce que ambos elencos afrontaban urgidos, ya que los dos figuraban entre los complicados por la tabla de promedios antes de saltar a la cancha.


El equipo de Walter Arrieta había llegado a Chaco con dos noticias que ilusionaban: el regreso de Valentín Montenegro, su goleador, tras cumplir una fecha de suspensión, y el reingreso del defensor Rodrigo Palomino. Arrancó mejor el conjunto tucumano, que sin manejar demasiado la pelota inquietó con disparos de media distancia.