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Yerba Buena en rojo: Jaldo le transfirió 1.800 millones a Macchiarola para que pueda pagar los sueldos del municipio
La situación financiera de la Municipalidad de Yerba Buena vuelve a quedar en el centro de la discusión. El Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, autorizó una nueva asistencia reintegrable de hasta $1.828.278.007,98 para la administración del intendente radical Pablo Macchiarola, destinada principalmente al pago de los salarios correspondientes a septiembre de 2026.
La medida vuelve a exponer un interrogante sobre la gestión municipal: ¿cómo sostiene Yerba Buena su estructura de gastos si necesita recurrir a financiamiento provincial para cumplir con sus obligaciones salariales?
El nuevo auxilio se suma a otro financiamiento de hasta $1.751 millones autorizado en agosto, también destinado principalmente a pagar sueldos. Entre ambas operaciones, el Ejecutivo provincial habilitó más de $3.579 millones para la Municipalidad de Yerba Buena en apenas dos períodos salariales.
Aunque se trata de préstamos reintegrables contemplados por el régimen fiscal provincial, la reiteración de estas asistencias abre un debate sobre la capacidad del municipio para afrontar sus gastos corrientes con recursos propios.
El nuevo financiamiento llega en un contexto en el que resulta necesario revisar el tamaño de la estructura municipal, la evolución de la planta de empleados y el peso de los salarios en el presupuesto de Yerba Buena.
La administración de Macchiarola enfrenta así cuestionamientos sobre sus prioridades de gasto y la sostenibilidad de sus cuentas. La necesidad de recurrir nuevamente a la Provincia para cubrir remuneraciones plantea dudas sobre el margen financiero disponible para obras, mantenimiento urbano y servicios públicos.
La documentación oficial citada confirma las asistencias salariales, aunque no detalla cuántos empleados tiene actualmente el municipio ni cuánto creció su planta durante esta gestión. Esos datos resultan fundamentales para establecer si el aumento del gasto en personal explica las dificultades financieras.
En cualquier caso, el volumen de los fondos autorizados pone sobre la mesa una pregunta central: ¿cuánto cuesta sostener el funcionamiento de la Municipalidad de Yerba Buena y qué proporción de sus ingresos se destina al pago de salarios?
El decreto que autorizó otros $1.828 millones
La nueva asistencia quedó formalizada mediante el Decreto Nº 2.436/3, firmado el 5 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de Tucumán el jueves 22.
El instrumento autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar a Yerba Buena un financiamiento reintegrable de hasta $1.828.278.007,98, con destino principal al pago de las remuneraciones municipales de septiembre.
La operación se encuadra en la Ley Nº 8.829, conocida como Pacto Social, y en el Acuerdo Fiscal con Municipios, mecanismos que permiten asistir financieramente a las administraciones locales para atender salarios, obras, servicios y otras obligaciones.
Según el decreto, los recursos se imputarán a Rentas Generales y serán canalizados mediante la cuenta fiduciaria del municipio, con intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
La disponibilidad efectiva del dinero dependerá de las posibilidades del Tesoro provincial, mientras que la Contaduría General deberá registrar los desembolsos y sus correspondientes devoluciones.
Más de $3.579 millones autorizados en dos asistencias
La ayuda de octubre no es la primera que recibe la gestión de Macchiarola durante 2026.
En agosto, mediante el Decreto Nº 1.799/3, el Gobierno provincial ya había autorizado un financiamiento reintegrable de hasta $1.751.378.543,69, destinado principalmente al pago de los salarios de julio.
Con la nueva disposición, las dos autorizaciones alcanzan un total de $3.579.656.551,67.
Se trata de montos máximos autorizados para períodos diferentes, por lo que esa cifra no implica necesariamente que la totalidad del dinero haya sido efectivamente desembolsada.
Sin embargo, la magnitud de los recursos solicitados para atender obligaciones salariales vuelve a poner bajo examen la planificación financiera del municipio y su capacidad para sostener el gasto corriente.
El financiamiento también tiene una lectura política. Pablo Macchiarola pertenece al radicalismo y forma parte del espacio opositor Cambia Tucumán, mientras que Osvaldo Jaldo encabeza el Gobierno provincial.
Macchiarola llegó a la Intendencia en 2023 como sucesor de Mariano Campero, uno de sus principales referentes políticos, quien mantiene aspiraciones de competir por la Gobernación en las elecciones previstas para mayo de 2027.
Así, mientras el sector político de Campero busca posicionarse como alternativa al oficialismo provincial, la administración de Yerba Buena continúa utilizando mecanismos de asistencia financiera habilitados por el Gobierno de Jaldo.
El vínculo institucional entre ambos gobiernos permite canalizar los recursos, pese a las diferencias partidarias. No obstante, el contraste entre el discurso opositor y la dependencia de herramientas de financiamiento provincial suma un elemento al debate político.
Es importante señalar que el Pacto Social es un mecanismo legal utilizado por distintos municipios tucumanos y que su aplicación no demuestra, por sí sola, una situación de insolvencia.
Además, las asistencias son reintegrables: los municipios adheridos aceptan condiciones de compensación y devolución vinculadas con sus recursos de coparticipación.
Sin embargo, el caso de Yerba Buena deja planteados interrogantes sobre la evolución del gasto salarial, las incorporaciones de personal, la recaudación propia y las posibilidades de financiar el funcionamiento municipal sin recurrir reiteradamente a estos instrumentos.
La gestión de Macchiarola deberá mostrar cómo piensa sostener sus obligaciones salariales, preservar los servicios y financiar las obras que demanda la ciudad. También será clave transparentar la evolución de su planta de empleados y del presupuesto destinado a personal para determinar si la estructura administrativa es compatible con los recursos disponibles.
Por ahora, el dato concreto es que el Gobierno provincial autorizó más de $3.579 millones en dos operaciones de asistencia financiera para Yerba Buena durante 2026, ambas destinadas principalmente a salarios. Una cifra que vuelve a colocar las cuentas municipales en el centro de la discusión pública.
Causa Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.
El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.
Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.
Respecto de Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para prestar asesoramiento sobre criptomonedas.
En el caso de Karina Milei, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas figuraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.
Las pericias sobre el teléfono de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como “Karina Milei RRPP” y comunicaciones telefónicas con el Presidente, aunque no pudo establecerse el contenido de estas últimas. En paralelo, se analizaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, registros de ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para acreditar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.
El expediente también incluyó un pedido de congelamiento de 44.593.888,562 USDC que habían sido identificados en una billetera vinculada con movimientos del equipo de $LIBRA. El fiscal solicitó cooperación a las autoridades estadounidenses para preservar esos activos. Sin embargo, el fallo indicó que Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados para establecer, bajo los requisitos de asistencia solicitada, una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos, por lo que cerró ese trámite de cooperación.
Martínez de Giorgi sostuvo finalmente que el dictamen fiscal estaba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso. El magistrado también aclaró que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en este expediente, pero que esa circunstancia no impedía dictar su sobreseimiento. La resolución menciona además la existencia de otra investigación judicial vinculada con $LIBRA, por lo que el cierre de estas actuaciones no equivale, por sí solo, a la finalización de todas las causas relacionadas con el caso. / TN
Arrancó el juicio por lavado a Cristina y Máximo Kirchner: con todos los acusados conectados por Zoom
Comenzó este viernes 23 de octubre el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política de la Argentina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, se encuentran entre los principales acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia.
La primera audiencia arrancó alrededor de las 10 en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, ante el Tribunal Oral Federal Nº 5.
Por decisión de los jueces, Cristina y Máximo Kirchner fueron autorizados a participar de manera virtual de esta jornada inicial, durante la cual se realiza la lectura de las acusaciones y de los hechos que serán analizados a lo largo del debate.
Para la exmandataria se trata de su tercer juicio oral vinculado con investigaciones por corrupción, mientras que su hijo enfrenta por primera vez un proceso de estas características.
Cristina Kirchner sigue la audiencia desde su domicilio
La expresidenta participa de manera remota desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria, luego de que su defensa solicitara evitar el operativo de seguridad necesario para trasladarla hasta Comodoro Py.
En el caso de Máximo Kirchner, la autorización para conectarse a distancia fue solicitada para compatibilizar su participación en el juicio con sus obligaciones parlamentarias.
La modalidad virtual es excepcional y se aplica a la audiencia de apertura. El tribunal estableció que las siguientes jornadas serán presenciales, salvo que se concedan autorizaciones particulares.
Los abogados defensores, en cambio, deben participar presencialmente en la sala.
De qué se acusa a Cristina y Máximo Kirchner
La investigación busca determinar si empresas hoteleras e inmobiliarias vinculadas con la familia Kirchner fueron utilizadas para dar apariencia legal a fondos presuntamente obtenidos mediante negocios irregulares con el Estado.
Según la hipótesis de la Fiscalía, empresarios que mantenían relaciones comerciales con organismos estatales habrían realizado pagos a sociedades de la familia a través de alquileres de propiedades, habitaciones de hotel y otras operaciones.
Los investigadores sostienen que esos movimientos podrían haber integrado un mecanismo de lavado de activos.
Las acusaciones deberán ser probadas durante el juicio. Las defensas sostienen que las operaciones fueron comerciales y legítimas, y tendrán oportunidad de cuestionar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Qué se investiga en las causas Hotesur y Los Sauces
El expediente Hotesur se concentra en la actividad hotelera vinculada con la familia Kirchner, especialmente en establecimientos ubicados en El Calafate, Santa Cruz.
La acusación analiza los contratos de administración y explotación de esos hoteles, así como los pagos realizados por empresas relacionadas con el empresario Lázaro Báez.
Uno de los puntos centrales será determinar si las operaciones respondieron a servicios efectivamente prestados o si, como sospechan los investigadores, algunas fueron utilizadas para canalizar dinero de origen ilícito.
Por su parte, la causa Los Sauces investiga contratos de alquiler de inmuebles vinculados con la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.
En este expediente aparecen operaciones comerciales con empresas relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
La Fiscalía sostiene que esos vínculos podrían haber permitido incorporar al patrimonio familiar fondos provenientes de actividades ilícitas. Las defensas rechazan esa interpretación y consideran que se trató de negocios legales.
Quiénes son los jueces y los otros acusados
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por los magistrados:
- José Michilini.
- Adriana Palliotti.
- Fernando Machado Pelloni.
Además de Cristina y Máximo Kirchner, entre los acusados se encuentran Lázaro Báez, Martín Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, junto con otras personas vinculadas con la administración y las operaciones de las sociedades investigadas.
La acusación estará a cargo de los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) intervendrá como querellante.
La audiencia inaugural está dedicada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, en los que se describen las presuntas maniobras investigadas y los delitos atribuidos a cada acusado.
El cronograma inicial contempla tres audiencias semanales, los lunes, viernes y sábados, aunque podría modificarse según las necesidades procesales.
El tribunal también previó la posibilidad de continuar con el debate durante la feria judicial de enero de 2027 para evitar nuevas demoras.
Las audiencias serán transmitidas a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
El comienzo del debate representa una nueva instancia judicial para Cristina Kirchner, quien ya recibió una condena en la causa Vialidad.
En este nuevo proceso, los investigadores intentarán establecer si parte del dinero vinculado con operaciones cuestionadas en otras causas terminó ingresando al patrimonio familiar mediante contratos hoteleros e inmobiliarios.
El juicio deberá determinar si existieron maniobras de lavado de dinero y establecer las eventuales responsabilidades penales de los acusados.
Por ahora, la primera jornada marca el inicio formal del debate, que continuará con la exposición de las acusaciones, los planteos de las defensas y la producción de pruebas ante el tribunal.
La Corte no logra destrabar la causa contra la reforma judicial: ahora intervienen tres camaristas
La demanda contra la reforma judicial de Tucumán continúa sin avanzar hacia una resolución de fondo debido a las nuevas excusaciones presentadas por dos integrantes de la Corte Suprema provincial. Ahora, tres jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo deberán decidir si corresponde aceptar los apartamientos solicitados por Claudia Sbdar y Daniel Posse.
Los magistrados designados son Juan Ricardo Acosta, María Felicitas Masaguer y Sergio Gandur, quienes tendrán a su cargo exclusivamente el análisis de las excusaciones. Su decisión permitirá determinar cómo quedará integrado el tribunal que deberá tratar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 9.987.
Mientras tanto, continúa pendiente el planteo presentado por el Colegio de Abogados de Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur, que cuestionan aspectos centrales de la reforma y solicitaron suspender cautelarmente los efectos de una de sus disposiciones.
El nuevo incidente procesal comenzó el 21 de octubre, cuando Sbdar y Posse reiteraron su intención de no intervenir en la causa iniciada por las entidades profesionales.
Los vocales ya habían presentado un pedido similar, pero la Corte lo rechazó el 7 de octubre mediante la sentencia Nº 1476. En aquella oportunidad, el tribunal consideró que la participación de los magistrados en acordadas reglamentarias no constituía un prejuzgamiento que justificara su apartamiento.
Esta vez, ambos invocaron un nuevo argumento: el dictado de la sentencia Nº 1539 en la causa “Alderete c/ Camuñas”, en la que, según sostuvieron, se aplicaron disposiciones de la misma ley cuya constitucionalidad se discute.
Por ese motivo, plantearon que su intervención anterior podría encuadrar en una causal de excusación prevista en el artículo 111, inciso 10, del Código Procesal Civil y Comercial.
La presentación generó un nuevo movimiento dentro del máximo tribunal provincial.
El presidente de la Corte, Daniel Leiva, junto con los vocales Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, solicitó apartarse de la resolución de este incidente puntual.
Los tres magistrados explicaron que ya habían emitido un pronunciamiento sobre las excusaciones anteriores de Sbdar y Posse, por lo que consideraron comprometida su imparcialidad para volver a resolver una cuestión relacionada.
En su presentación señalaron que el nuevo planteo “implica una insistencia en las razones subyacentes planteadas con anterioridad y que fueron ya juzgadas por esta Corte”.
También sostuvieron que la aplicación de una ley en otro expediente no implica necesariamente un pronunciamiento anticipado sobre su constitucionalidad.
El apartamiento de Leiva, Estofán y Rodríguez Campos se limita al trámite de las nuevas excusaciones y no supone, por sí mismo, que queden excluidos de la causa principal.
Quiénes son los tres jueces que deberán resolver
Ante esta situación, se dispuso la integración de un tribunal sustituto con magistrados de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
- Juan Ricardo Acosta: vocal de la Sala I.
- María Felicitas Masaguer: vocal de la Sala II.
- Sergio Gandur: vocal de la Sala III.
Los camaristas deberán determinar si las nuevas razones invocadas por Sbdar y Posse justifican su apartamiento.
No tendrán a su cargo resolver si la reforma judicial es constitucional o no. Su intervención se limita a definir quiénes podrán integrar el tribunal que posteriormente analizará la demanda.
La controversia comenzó con la acción de inconstitucionalidad presentada el 29 de agosto por el Colegio de Abogados de Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur contra el Gobierno provincial.
La presentación fue impulsada a través del constitucionalista Christian Alberto Cao, con el patrocinio de los presidentes de ambas instituciones, Alberto López Domínguez y Eduardo Racedo.
Las entidades solicitan que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nº 9.987.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran la unificación de fueros, la flexibilización de competencias de juzgados y cámaras, la ampliación de atribuciones operativas de la conducción del Poder Judicial y la habilitación de determinadas materias ordinarias en la Justicia de Paz Letrada.
Según los colegios profesionales, estas modificaciones podrían afectar la garantía del juez natural y la especialización de los magistrados.
A mediados de septiembre, el Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de que la Corte provincial interviniera en la causa mediante su competencia originaria.
Sin embargo, las sucesivas excusaciones impidieron que se definiera de manera estable la integración del tribunal encargado de avanzar con el expediente.
En consecuencia, todavía está pendiente la resolución de la medida cautelar solicitada por los colegios de abogados para suspender los efectos del artículo 1 de la reforma.
La decisión de Acosta, Masaguer y Gandur será, por lo tanto, un paso necesario para destrabar el trámite.
Hasta que se resuelva quiénes deben intervenir, la Corte no podrá avanzar con normalidad en el análisis del planteo central que cuestiona la constitucionalidad de la reforma judicial tucumana.
Cómo incidirá la eliminación de 59 tasas municipales en el bolsillo de los vecinos de San Miguel de Tucumán
La ordenanza comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Municipal, por lo que los beneficios no serán inmediatos hasta que se cumpla ese requisito.
Entre las modificaciones más concretas figura la eliminación del arancel de los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, que actualmente cuestan $ 4.600 cada uno. También dejarán de cobrarse determinados trámites administrativos por los que se abonan $ 1.150 por la primera hoja y $ 460 por cada hoja adicional.
Según las estimaciones del Ejecutivo, quienes deban realizar varias de estas gestiones podrían ahorrar hasta $ 11.500. Sin embargo, la reducción no representa una rebaja generalizada de los impuestos municipales, sino que beneficia a quienes utilizan los servicios alcanzados por la reforma.
Los 59 conceptos eliminados corresponden a nueve dependencias municipales. La Dirección de Ingresos Municipales concentra 17; Catastro, 14; Vía Pública, 12; Cementerios, siete; Bromatología, tres; el Tribunal de Faltas y Arbolado, dos cada uno; y Defensa Civil y Espacios Verdes, uno por área.
La medida también alcanza aranceles relacionados con kioscos, ferias, puestos comerciales, food trucks, mesas y sillas en espacios públicos, permisos de refacción sin planos, rebajes de cordón y depósitos de materiales.
No obstante, la eliminación de los cobros no exime a los comerciantes de cumplir con las habilitaciones, autorizaciones y controles exigidos por las ordenanzas vigentes.
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para reducir la burocracia y simplificar las gestiones de vecinos y comerciantes.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, sostuvo que los conceptos eliminados representarían alrededor del 1,5% de la recaudación municipal y rechazó las críticas sobre su escasa incidencia económica.
“No estamos diciendo que este proyecto es Maradona en el 86”, expresó, aunque insistió en que la decisión tendrá efectos positivos para los contribuyentes.
Desde la oposición, Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, acompañó la reforma, pero advirtió que sus beneficios serán limitados.
“Es un proyecto corto que tiene poco impacto en el bolsillo de la gente”, afirmó. Sin embargo, justificó su voto favorable al considerar que cualquier reducción de la carga tributaria constituye un avance.
Una postura más crítica expresó Ana González, de Compromiso Tucumán, quien anunció la abstención de su bloque y calificó la propuesta como una medida de carácter electoral.
“Es mucho ruido y pocas nueces”, cuestionó la concejala, al sostener que la eliminación de aranceles administrativos no representa un alivio significativo para las familias. Carlos Ale tampoco votó el proyecto.
Uno de los principales reclamos opositores fue la ausencia de datos concretos sobre cuánto dinero dejará de recaudar el municipio y cuántos contribuyentes resultarán beneficiados.
Gustavo Cobos advirtió que la cantidad de tasas eliminadas no permite dimensionar el efecto económico de la reforma. “Contar estos conceptos no significa medir el impacto económico real”, señaló.
Leandro Argañaraz también reclamó precisiones sobre la recaudación correspondiente a 2025 y 2026, aunque aclaró que no podía votar en contra de una iniciativa destinada a reducir tributos.
Por su parte, Cristian Abel, ex secretario de Economía y Hacienda municipal, respaldó la eliminación de conceptos que consideró innecesarios y sostuvo que otras administraciones deberían adoptar medidas similares.
Gonzalo Carrillo Leito también valoró la decisión, pero planteó la necesidad de impulsar políticas productivas que permitan disminuir la dependencia de los recursos tributarios.
Otro punto de la ordenanza contempla la derogación de una contribución vinculada con la vigilancia e inspección de instalaciones de agua, cloacas y gas natural por redes.
Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que ese concepto se encuentra judicializado, por lo que todavía no puede establecerse si su eliminación tendrá un efecto directo sobre las facturas de los usuarios.
La Municipalidad fundamentó la reforma en que la administración y fiscalización de determinados cobros demandan recursos que resultarían elevados en relación con los ingresos obtenidos. No obstante, el expediente no incluyó un detalle de la recaudación individual de cada concepto que permita verificar esa relación.
Con la ordenanza sancionada, el próximo paso será su publicación oficial y la confirmación del texto definitivo aprobado por el Concejo.
Mientras tanto, permanece abierto el debate sobre el alcance económico de la medida: aunque se eliminarán 59 conceptos tributarios, todavía no se conoce con precisión cuánto dinero ahorrarán los vecinos ni qué efecto tendrá la reforma sobre las finanzas municipales.
Tucumán desistirá de dos demandas contra la Nación por la coparticipación a cambio de un acuerdo financiero
La medida quedó formalizada mediante el decreto provincial 1680/3 (MEyP), firmado en julio y publicado este jueves en el Boletín Oficial de Tucumán. La norma aprueba el acuerdo celebrado el 23 de julio entre el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, y su par nacional, Luis Caputo.
El entendimiento se inscribe en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), implementado por la Nación en 2024 para regularizar compromisos financieros pendientes con las provincias.
Además, permite a Tucumán cumplir una de las condiciones vinculadas con el esquema de anticipos financieros autorizado en abril mediante el decreto nacional 219/2026, que contempló asistencia para 12 distritos por un monto global de hasta $ 400.000 millones.
El convenio establece un mecanismo para reconocer, compensar y determinar los saldos de las obligaciones existentes entre la Provincia y el Estado nacional, así como las condiciones para su cancelación.
Uno de sus puntos centrales es el abandono de dos acciones judiciales presentadas por Tucumán en 2019, cuando el Gobierno de Macri dispuso modificaciones tributarias que afectaban recursos distribuidos mediante el régimen de coparticipación federal.
Los conflictos se originaron por los decretos nacionales 567/2019 y 561/2019. El primero estableció una alícuota del 0% de IVA para determinados alimentos, mientras que el segundo introdujo cambios en el Impuesto a las Ganancias, el Monotributo y los aportes previsionales.
Aunque ambas decisiones fueron presentadas como medidas para aliviar la situación económica, el Gobierno tucumano cuestionó que su costo fiscal recayera sobre fondos que correspondían a las provincias.
Según un informe de la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, aquellas disposiciones comprometían los ingresos coparticipables y podían provocar una reducción significativa de los recursos provinciales.
La presentación judicial permitió obtener dos medidas cautelares favorables de la Corte Suprema durante octubre de 2019.
La primera, dictada el 1 de octubre, estableció que la disminución de la recaudación del IVA debía ser afrontada por la Nación con recursos propios. Una segunda resolución, del 8 de octubre, adoptó un criterio similar respecto de las modificaciones en Ganancias.
Desde la Fiscalía de Estado sostuvieron que esas decisiones permitieron preservar los ingresos provinciales y evitar que las medidas tributarias nacionales afectaran las transferencias correspondientes a Tucumán.
Posteriormente, con la firma del Consenso Fiscal 2020, ambos expedientes quedaron suspendidos. La derogación de las normas cuestionadas y los acuerdos fiscales posteriores llevaron al Ejecutivo provincial a considerar que las acciones judiciales habían cumplido su finalidad.
El decreto 1680/3 autoriza ahora a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a formalizar el desistimiento de las demandas.
En sus fundamentos, el Gobierno provincial señala que el convenio permitirá ordenar las obligaciones financieras con la Nación, mejorar la disponibilidad de recursos del Tesoro y contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, el instrumento difundido no precisa qué monto concreto resultará de la compensación ni cuánto dinero adicional podría recibir Tucumán como consecuencia del acuerdo.
La decisión también se relaciona con una estrategia más amplia del Gobierno nacional para reducir los litigios económicos con las provincias.
El proyecto de Presupuesto nacional 2027, enviado al Congreso por la administración de Milei, destaca que durante 2025 y 2026 se avanzó en la reorganización de las relaciones fiscales entre ambas jurisdicciones.
En ese documento, el Ejecutivo nacional sostiene que el REOR permitió disminuir la conflictividad judicial mediante el desistimiento de 37 procesos iniciados por gobiernos provinciales.
Dos de esos expedientes corresponden a las demandas que Tucumán había promovido contra las medidas tributarias de 2019.
De esta manera, el acuerdo cierra un capítulo del enfrentamiento judicial por los recursos coparticipables y consolida un mecanismo de compensación financiera entre la Provincia y la Nación.
El alcance económico definitivo de la operación dependerá de los saldos que se determinen y de las condiciones de cancelación establecidas en el convenio firmado por ambas administraciones.
DEPORTES
Atlético Tucumán derrotó 1-0 a Tigre por la fecha 14 del Clausura
Atlético Tucumán consiguió una importante victoria por 1-0 frente a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo tucumano se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, a los 27 minutos del segundo tiempo, y recuperó la sonrisa en la previa de su compromiso por las semifinales de la Copa Argentina ante Platense.
El delantero fue el gran protagonista de la noche: convirtió el único tanto del encuentro con un cabezazo y, pocos minutos después, vio la tarjeta roja por doble amonestación. Pese a quedarse con diez jugadores, el “Decano” logró sostener la ventaja.
Después de un primer tiempo sin goles, Atlético Tucumán encontró la diferencia a los 27 minutos del complemento. Infante desbordó por la banda y envió un gran centro al área, donde apareció Ramiro Ruiz Rodríguez para conectar un cabezazo y poner el 1-0.
El gol llegó después de una clara oportunidad que el equipo tucumano había desperdiciado: Nicola sacó un remate desde media distancia que se estrelló en el travesaño y, en el rebote, Ruiz Rodríguez no logró acertarle al arco.
La insistencia del “Decano” terminó dando resultado con una jugada que tuvo a Infante como asistidor y a Ruiz Rodríguez como encargado de definir.
El autor del gol pasó rápidamente de la alegría a la frustración. Ruiz Rodríguez recibió su segunda tarjeta amarilla por una dura entrada sobre “Pity” Martínez y fue expulsado cuando Atlético Tucumán ya estaba en ventaja.
La expulsión obligó al conjunto tucumano a afrontar el tramo final con un jugador menos, mientras Tigre buscaba aprovechar la superioridad numérica para alcanzar el empate.
En los últimos minutos, Atlético realizó modificaciones para reorganizarse: ingresaron Manuel Brondo por Nicolás Laméndola y, posteriormente, Compagnucci y Fernández en reemplazo de Tesuri y Godoy.
El encuentro comenzó con un Tigre más peligroso. Dómina generó varias situaciones durante los primeros minutos y exigió a la defensa visitante. También participó en una jugada que terminó con una oportunidad para Santiago López.
La ocasión más clara del local en la primera etapa llegó después de una pérdida de Godoy. Dómina asistió a Russo, quien quedó frente a Ingolotti, pero no consiguió definir al arco.
Atlético Tucumán también tuvo sus oportunidades. Ruiz Rodríguez estuvo cerca de convertir tras una buena asistencia de Di Plácido, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Más tarde, ganó en velocidad luego de un pelotazo cruzado, pero definió con poca potencia.
En el complemento, el equipo tucumano logró adelantarse en el marcador y resistió con diez futbolistas tras la expulsión de su goleador.
La victoria representa un impulso importante para Atlético Tucumán, que se prepara para enfrentar a Platense en las semifinales de la Copa Argentina.
Después de buscar reencontrarse con el triunfo, el “Decano” consiguió una victoria como visitante y sumó confianza de cara a uno de los desafíos más importantes de su temporada.
Messi y Di María vuelven a unirse fuera del fútbol: cómo es el negocio inmobiliario que los conecta en Rosario
Lionel Messi y Ángel Di María vuelven a compartir un proyecto, pero esta vez lejos de las canchas. Los campeones del mundo quedaron vinculados a través de un emprendimiento inmobiliario en Rosario, la ciudad donde crecieron y con la que mantienen una relación especial.
La iniciativa se llama Punta Mediterráneo, un desarrollo residencial impulsado por la familia Messi y cuya comercialización estará a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, la empresa de Vanesa Di María, hermana del futbolista de Rosario Central.
El complejo estará ubicado frente al río Paraná y ofrecerá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con superficies que irán desde los 55 hasta los 430 metros cuadrados. Según lo previsto, las obras finalizarían en 2028.
Cómo es Punta Mediterráneo, el proyecto inmobiliario de la familia Messi
El emprendimiento se desarrolla sobre la barranca de Rosario, en Guayaquil al 200, frente al río Paraná. Su principal atractivo será la vista panorámica, que permitirá observar el paisaje desde el puente Rosario-Victoria hasta Puerto Norte.
La propuesta apunta a combinar viviendas de diferentes tamaños con un entorno residencial cercano al río. El paisaje y la amplitud visual forman parte de los elementos centrales del proyecto.
Las unidades estarán distribuidas en distintas tipologías, con departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Las superficies previstas van desde los 55 hasta los 430 metros cuadrados, por lo que el complejo buscará atraer tanto a familias como a personas interesadas en adquirir una propiedad para vivir o invertir.
En la construcción participan las empresas Edeca y Depaoli & Trosce, mientras que la comercialización de las propiedades quedó en manos de la inmobiliaria vinculada a la familia Di María.
Fernando Varano, integrante de Di María Negocios Inmobiliarios, explicó en diálogo con TN que la ubicación constituye uno de los principales diferenciales del emprendimiento.
Desde la firma destacan que la combinación entre las vistas al río, el entorno residencial y la diversidad de unidades puede contribuir al crecimiento de la zona norte de Rosario.
Qué papel tiene la familia de Di María en el negocio
Aunque el proyecto es impulsado por la familia Messi, la venta de las propiedades estará a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, la firma de Vanesa Di María.
De esta manera, las familias de los dos futbolistas vuelven a vincularse a través de una actividad que no está relacionada directamente con el deporte.
La relación entre Messi y Di María tiene una larga historia en la Selección argentina, donde compartieron algunos de los logros más importantes del fútbol nacional, entre ellos la Copa América de 2021 y el Mundial de Qatar 2022.
Ahora, esa conexión aparece también en el mercado inmobiliario rosarino, mediante un desarrollo que busca aprovechar una de las ubicaciones más atractivas de la ciudad.
Estación Leones: el otro gran proyecto que impulsa la familia Messi
La apuesta inmobiliaria de la familia Messi no se limita a Punta Mediterráneo. También participa en la planificación de Estación Leones, un desarrollo de mayor escala ubicado en la ciudad de Alvear, en las afueras de Rosario.
La iniciativa contempla una superficie total de 52 hectáreas e incluye sectores residenciales abiertos y privados, un área comercial de alcance metropolitano y espacios destinados a actividades deportivas y recreativas.
Dentro de ese predio, unas 10 hectáreas estarán destinadas al club Leones, con instalaciones específicas para su funcionamiento.
Un estadio para 15.000 personas y un desarrollo de 52 hectáreas
Uno de los puntos más destacados de Estación Leones es la construcción prevista de un estadio multifunción con capacidad para 15.000 espectadores.
El espacio estará acompañado por instalaciones deportivas, sociales y recreativas, dentro de una propuesta urbana que también incorporará viviendas y comercios.
El objetivo es desarrollar un complejo que no se limite a la actividad futbolística, sino que pueda convertirse en un nuevo polo residencial, comercial y deportivo para la región.
En este caso, la empresa encargada del desarrollo será JC Basileuo, mientras que la comercialización también quedará a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios.
Así, la relación empresarial entre ambas familias se extiende a dos proyectos diferentes: uno residencial, con vistas al río Paraná, y otro de mayor superficie, con un estadio y un complejo urbano en Alvear.
Messi y Di María, una sociedad que continúa fuera de las canchas
Los dos futbolistas construyeron una relación histórica dentro de la Selección argentina y ahora sus familias coinciden en emprendimientos que buscan ampliar la oferta inmobiliaria de Rosario y sus alrededores.
Punta Mediterráneo tendrá como principal atractivo su ubicación frente al Paraná, con departamentos de distintas dimensiones y una finalización proyectada para 2028.
Por su parte, Estación Leones apunta a integrar viviendas, comercios e infraestructura deportiva en un predio de 52 hectáreas en Alvear.
De esta manera, Messi y Di María vuelven a estar vinculados a través de dos iniciativas que reflejan el interés de sus familias por invertir y desarrollar proyectos en la región donde ambos dieron sus primeros pasos.
Fuente: TN
Estudiantes le ganó a Flamengo por penales en el Maracaná y jugará la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras
Estudiantes de La Plata consiguió una clasificación memorable a la final de la Copa Libertadores 2026 después de eliminar a Flamengo en una dramática definición por penales. El encuentro de semifinales terminó 0 a 0 y el conjunto argentino se impuso por 3 a 2 desde los doce pasos.
El equipo brasileño tuvo mayor control de la pelota y generó más situaciones ofensivas, pero no logró romper la resistencia del conjunto platense, que terminó disputando buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos.
Estudiantes resistió con diez jugadores
Uno de los momentos decisivos del partido se produjo a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Baltasar Rodríguez fue expulsado y dejó a Estudiantes en inferioridad numérica.
Con un hombre más, Flamengo intensificó la búsqueda del gol y terminó el encuentro con el 69% de posesión. Además, registró 12 remates frente a los ocho del equipo argentino.
La diferencia también se reflejó en la circulación de la pelota: el conjunto brasileño completó 578 pases correctos, mientras que Estudiantes acumuló 140.
Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en goles. El Pincha sostuvo el empate hasta el final y llevó la definición a los penales.
Los penales que clasificaron a Estudiantes
Desde los doce pasos, Estudiantes fue más efectivo y ganó la serie 3 a 2, sellando su clasificación a la final del torneo continental.
Para Flamengo fallaron Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, mientras que el único penal errado por el conjunto platense fue el de Edwuin Cetré.
Los errores del equipo brasileño terminaron siendo determinantes en una definición que dejó afuera a uno de los protagonistas del fútbol sudamericano.
Con esta victoria, Estudiantes aseguró su lugar en la final de la Copa Libertadores 2026 y volvió a demostrar su capacidad para competir en instancias decisivas del torneo.
El conjunto argentino logró superar una semifinal exigente, resistió la presión de Flamengo y encontró en los penales el camino hacia una nueva definición continental.
Cuánto cuesta viajar a Colombia para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana
En los últimos nueve días, las búsquedas hacia Barranquilla crecieron un 800% en Despegar en comparación con el mismo período del año anterior, un salto que generó un movimiento extraordinario en las consultas por vuelos y alojamiento.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su lugar en la definición tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. La final se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante el ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
Las alternativas disponibles contemplan vuelos con dos escalas por tramo y hoteles de tres estrellas, con diferencias de precio según los servicios incluidos.
Cuánto cuesta viajar a Barranquilla para ver la final
Entre las alternativas disponibles en la plataforma, los paquetes que combinan pasajes aéreos y alojamiento por tres noches parten de los $2.452.297 por persona para viajar del 19 al 23 de noviembre.
La opción contempla vuelos de ida y vuelta con dos escalas en cada trayecto y hospedaje en un hotel de tres estrellas.
Una segunda alternativa cuesta $2.509.222 por persona e incluye las mismas fechas de viaje, vuelos con dos escalas por tramo y alojamiento en un hotel de tres estrellas con terraza y estacionamiento limitado.
«Para quienes planean acompañar a su equipo, los paquetes que combinan vuelo, alojamiento y traslados ofrecen una alternativa para simplificar la organización del viaje y ahorrar hasta un 30% frente a la contratación de cada servicio por separado», indicó Cristi.
La ejecutiva remarcó, además, la importancia de anticipar las reservas para acceder a una mayor variedad de vuelos y alojamientos.
En eventos de alta convocatoria, la disponibilidad de plazas aéreas y habitaciones puede reducirse rápidamente y generar diferencias de precios entre las alternativas disponibles.
Para cerrar, destacó la importancia del turismo deportivo, ya que «no solo moviliza a miles de fanáticos, sino que también genera nuevas oportunidades para los destinos y para toda la cadena de valor turística»
