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El Gobierno logró la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II
Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo obtuvo la media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado. La reforma apuesta a incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según los libertarios, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.
Tal como señalaron durante la sesión, el objetivo del régimen era establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reforzar la “seguridad jurídica”.
Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”. En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.
El nuevo proyecto apunta a ampliar el régimen a partir de la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que hasta ahora limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con ese cambio, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.
Uno de los puntos centrales del proyecto es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. La iniciativa establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” —y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes—. Además, introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.
Por otro lado, el proyecto estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás presunciones requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.
Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.
Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.
Y agregó: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert”.
Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) advirtió el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.
“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.
Durante la madrugada, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, luego de que el Senado le diera el visto bueno en mayo de este año. El tratado fue aprobado por una amplia mayoría, con 234 votos afirmativos y solo 4 negativos, consolidando así el respaldo parlamentario a una iniciativa que busca ampliar los mercados de exportación y diversificar las relaciones comerciales del bloque regional.
Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 100% de las exportaciones nacionales gozarán de un arancel del 0% en el mercado singapurense. Además, abarcará el comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y contempla medidas específicas para micro, pequeñas y medianas empresas, en línea con los acuerdos de “segunda generación” que exceden la mera cuestión arancelaria.
Durante el debate, el bloque de Unión por la Patria (UxP) confirmó su apoyo a la iniciativa. “La Argentina logra demostrar con esto que hay un camino alternativo, que el camino no es la subordinación, sino una integración en la que se defienda al trabajo y a las PYMES”, sostuvo el diputado Santiago Cafiero.
En línea con esto, el legislador destacó la importancia del acuerdo al señalar que “la idea era poder generar un tratado de segunda generación, que no es únicamente discutir aranceles, sino que lo que se buscó hacer acá es trabajar con otro abordaje y lo logramos”. Por esto, concluyó: “Por eso, vamos a acompañar el día de hoy”.
No obstante, el diputado también planteó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que garantice la cooperación comercial con Brasil. “Debería existir una ley que garantice la permanente colaboración comercial”, reclamó Cafiero, en referencia al quiebre diplomático reciente entre la Argentina y el gobierno de Lula da Silva, que derivó en el retiro de la embajada brasileña en Buenos Aires.
Desde La Libertad Avanza (LLA), el diputado Damián Arabia defendió los beneficios que el acuerdo traerá para la economía argentina y respondió al pedido de Cafiero sobre la relación bilateral: “Nosotros queremos que el Estado de Brasil no tome represalias contra la República y los argentinos”.
Por último, el legislador libertario planteó la necesidad de separar las diferencias ideológicas de la relación comercial y recordó que el Gobierno argentino no tomó represalias tras el apoyo del presidente brasileño al ex candidato Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) también obtuvo la media sanción
La Cámara Baja también otorgó media sanción al proyecto que aprueba la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 147 votos a favor y 93 en contra. El debate estuvo marcado por las críticas de la oposición, que advirtió sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.
Frente a esto, la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa y rechazó los cuestionamientos. “Este tratado simplifica el procedimiento; es una herramienta que facilita la presentación de solicitudes de patentes en países, reduciendo los costos, el tiempo y cargas para quienes innovan en la Argentina”, argumentó, y recordó que actualmente 58 países ya forman parte del acuerdo, entre ellos Uruguay, el último en incorporarse.
Nicolás Mayoraz también cuestionó la postura opositora, al considerar que representa una visión “que atrasa al país”. Sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos debían afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que consideró el verdadero riesgo para la soberanía. Tras otro resultado favorable para el Gobierno, se confirmó que el proyecto ahora pasará al Senado para su tratamiento final. /Infobae
Por ley, San Miguel de Tucumán será capital nacional cada 9 de Julio
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. La norma establece además que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en la capital tucumana.
La iniciativa había sido impulsada por las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y contaba con media sanción del Senado, donde fue aprobada por unanimidad con 67 votos afirmativos. Con el aval de Diputados, completó su trámite parlamentario y quedó definitivamente sancionada.
El objetivo central es darle rango de ley a un reconocimiento que hasta ahora dependía de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, de manera que la designación de Tucumán como capital simbólica cada 9 de Julio no pueda quedar sin efecto simplemente mediante una decisión de otro presidente.
Los actos nacionales del 9 de Julio, en Tucumán
Con la nueva legislación, San Miguel de Tucumán tendrá todos los años el reconocimiento de Capital Simbólica de la República Argentina durante el aniversario de la Declaración de la Independencia.
La norma también dispone que los actos centrales del Gobierno nacional por el 9 de Julio tengan como sede permanente a la capital tucumana, donde se encuentra la Casa Histórica en la que los congresales declararon la Independencia en 1816.
Durante el tratamiento del proyecto en el Senado, Ávila había definido la iniciativa como una reivindicación histórica no solamente para Tucumán, sino también para todo el norte argentino.
“Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano, un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación”, sostuvo la senadora.
En ese sentido, recordó la importancia que tuvieron distintos acontecimientos ocurridos en la región durante el proceso independentista. “Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán”, expresó.
De un decreto a una ley nacional
Uno de los principales argumentos para impulsar el proyecto fue la necesidad de otorgarle estabilidad jurídica a la designación.
Hasta ahora, el reconocimiento estaba establecido mediante un decreto presidencial, una herramienta que podía ser modificada o derogada por otra administración nacional.
“Hoy hay un decreto, pero para que la gente sepa, un decreto firmado por un presidente está a tiro de otro decreto de otro presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación”, había explicado Ávila.
La legisladora consideró además que la sanción representa la respuesta a un reclamo sostenido durante generaciones en Tucumán para reconocer el papel que tuvo la provincia en la construcción de la Nación.
Con la aprobación definitiva del Congreso, cada 9 de Julio San Miguel de Tucumán será oficialmente la Capital Simbólica de la República Argentina, y los actos centrales nacionales por el Día de la Independencia deberán realizarse en la ciudad.
La Municipalidad cuestionó el rol de los integrantes del Tribunal de Faltas: “Los jueces de faltas no son jueces”
La disputa por la equiparación salarial de los integrantes del Tribunal Municipal de Faltas sumó un nuevo capítulo. Mientras tres de los nueve jueces que integran el organismo impulsaron una presentación judicial contra el Departamento Ejecutivo municipal, desde la Municipalidad cuestionaron el planteo y defendieron la transformación que lleva adelante la gestión de Rossana Chahla para modernizar el funcionamiento del tribunal.
Matías Balardini, director administrativo del Tribunal Municipal de Faltas de la Capital, sostuvo que la discusión salarial no debería opacar los cambios implementados para agilizar los trámites y acercar la atención a los vecinos. “Qué bueno sería que los esfuerzos que está haciendo el municipio con la gestión de Chahla en avanzar en la digitalización, en acercar el municipio al vecino, se dieran a conocer y no estar discutiendo estos temas que realmente a mí me dan hasta vergüenza ajena”, afirmó.
El planteo judicial por los salarios
Según explicó Balardini, tres integrantes del Tribunal de Faltas promovieron una medida judicial ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Se trata del presidente del organismo, Fabián Lisondo Ruiz, y los jueces Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo. El expediente tramita en la Sala II del fuero.
El planteo busca determinar si existen diferencias salariales vinculadas con la equiparación de los haberes de los jueces de faltas con los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Según la información conocida sobre el expediente, los magistrados solicitaron la remisión de las liquidaciones salariales de los secretarios del gabinete para establecer si existen diferencias que deberían ser abonadas.
La Municipalidad, en tanto, presentó un informe técnico sobre la escala salarial, aunque se negó a entregar los recibos individuales de los funcionarios al invocar la normativa nacional de protección de datos personales.
Balardini explicó que, de acuerdo con la normativa que regula el funcionamiento municipal, los jueces de faltas tienen un rango equivalente al de directores de repartición y dependen del Departamento Ejecutivo.
“Los jueces de faltas, así llamados porque así está redactada la ordenanza, no son jueces”, remarcó. En ese sentido, señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades contempla dos departamentos, el Ejecutivo y el Legislativo, y que no existe un Poder Judicial municipal.
Según detalló, los funcionarios fueron equiparados posteriormente al rango de subsecretarios y, a partir de julio del año pasado, al de secretarios del Departamento Ejecutivo. El reclamo actual apunta, precisamente, a determinar si esa equiparación se tradujo correctamente en los haberes.
“Ellos sostienen que existen diferencias salariales. Yo, la verdad, desconozco. Es una cuestión que deberían consultarla con la Contaduría General”, indicó Balardini, quien agregó que la Fiscalía Municipal presentó un informe técnico sobre la composición salarial de los secretarios.
Una disputa que, según Balardini, no representa a todo el Tribunal
El director administrativo también buscó diferenciar el reclamo de los tres jueces del funcionamiento general del organismo. Aseguró que el Tribunal de Faltas está integrado actualmente por nueve jueces y que no todos participan de las acciones judiciales.
“Hay un grupo, uno en una acción judicial y otro en tres, que iniciaron un reclamo ante el municipio. El resto de los jueces continúa”, explicó.
Además, cuestionó que la presentación haya sido realizada en representación del Tribunal. Según Balardini, el presidente del organismo cumple una función protocolar y, para actuar en nombre de los nueve integrantes, debería existir una acordada que avalara esa decisión. “Si él hizo una presentación, la hizo a título personal”, sostuvo.
La transformación del Tribunal de Faltas
Más allá del conflicto salarial, Balardini puso el foco en los cambios que, según afirmó, implementó la actual gestión municipal para modificar la relación entre el Tribunal de Faltas y los vecinos.
Para graficar la situación anterior, recordó el recorrido que debía realizar una persona a la que le secuestraban una motocicleta. Primero debía consultar en Tránsito, luego trasladarse hasta el Tribunal de Faltas en calle Jujuy, esperar la disponibilidad de un juez, dirigirse a un centro de pago y regresar nuevamente al tribunal para obtener la orden de liberación. Finalmente, debía volver a Tránsito para recuperar el vehículo.
“El vecino perdió el día completo. Díganme ustedes si lo que les acabo de contar casi con humor no resulta trágico en realidad”, expresó.
Según Balardini, ese procedimiento comenzó a modificarse con la decisión de llevar a los jueces de faltas a las reparticiones donde se originan las infracciones.
“Hoy el juez de faltas está fuera del Tribunal de Faltas. Está en las reparticiones donde se generan las infracciones”, explicó. De esta manera, ejemplificó, una persona a la que le secuestran una moto puede consultar su situación directamente en la delegación de Tránsito, resolver allí la infracción, pagar la multa y obtener la liberación del vehículo.
Digitalización y atención al vecino
Balardini defendió además la incorporación de herramientas digitales para simplificar los trámites. Entre los cambios mencionó la posibilidad de realizar descargos de manera virtual, obtener certificados de libre deuda y utilizar canales de comunicación como WhatsApp.
“El otro día cité como ejemplo a mi mamá. Mi mamá tiene 76 años. ¿Usted se imagina para una mujer jubilada de 76 años que todavía maneja y comete una infracción de tránsito tener que hacer todo ese recorrido?”, planteó.
En contraposición, sostuvo que el objetivo de la reforma es que los trámites puedan resolverse de manera rápida y sencilla.
“Lo único que queremos es que esa señora de 76 años vaya al Tribunal de Faltas, le den un código QR sencillo, fácil, para que con su celular pueda pagar su multa y seguir con su vida normal, cotidiana y diaria”, afirmó.
Para Balardini, la discusión de fondo no pasa solamente por la cuestión salarial, sino por el modelo de funcionamiento del organismo. “Lo que nosotros estamos tratando son dos cuestiones fundamentales: primero, dar transparencia para que el vecino sepa que la infracción que paga es lo que corresponde pagar. Y, en segundo lugar, darle cercanía, darle simpleza”, concluyó. /La Gaceta
Guillermo Francos contó que el hostigamiento de los trolls libertarios lo llevó a renunciar: “Me atacaban por las redes de la fuerza propia”
"Esta forma de comunicarse en las redes, había un persistente ataque hacia mí, me hacían renunciar todos los días, decían que me iba", contó en Ahora Play.
El ex jefe de Gabinete relató que los ataques recrudecieron luego del triunfo electoral en octubre, y evitó nombrar a Santiago Caputo detrás de ese maniobra de desgaste, con quien siempre mantuvo un fuerte enfrentamiento.
La situación derivó en una charla con el presidente Milei, donde le planteó que esta situación no podía continuar.
"Es muy difícil ser jefe de Gabinete cuando estás siendo cuestionado permanentemente", expresó. Y dijo que el mandatario le reprochó supuestos "excesos" en cuestionamientos públicos.
Francos relató que esa fue una de las razones por las que renunció a su cargo, para que Milei conformara un nuevo equipo de gestión.
La entrevista del ex funcionario se produce al mismo tiempo que Santiago Caputo fue desplazado de la comunicación digital del oficialismo, y reemplazado en su lugar por Santiago Oría. /Clarin
Así votaron los diputados tucumanos la reforma del Banco Central para sostener el peso y fulminar la inflación
El 30 de septiembre licitarán las acciones de EDET: durísimas críticas opositoras contra la empresa
La Legislatura de Tucumán aprobó la modificación del cronograma para licitar las acciones Clase A de EDET. La iniciativa obtuvo 41 votos a favor y cuatro en contra, durante una sesión marcada por cuestionamientos al costo de las tarifas, la calidad del servicio eléctrico y el funcionamiento del organismo de control.
La norma establece que la convocatoria a licitación pública nacional e internacional deberá realizarse hasta el 30 de septiembre de 2026. También extiende hasta el 4 de abril de 2027 el segundo período de gestión de la distribuidora, mientras que el vencimiento definitivo de la concesión continuará fijado para el 4 de agosto de 2085.
El proyecto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, homologa el acta acuerdo firmada el 10 de agosto. La prórroga fue solicitada debido a que no pudieron cumplirse los plazos establecidos por la Ley 9.913, sancionada en septiembre de 2025.
Según se explicó durante el debate, la demora estuvo relacionada con la Revisión Tarifaria Integral que debía realizar el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). Ese procedimiento fue aprobado finalmente en abril mediante la Resolución 240/2026.
El presidente de la Comisión de Energía y Comunicación, Alberto Olea, defendió la iniciativa y sostuvo que era necesario actualizar los plazos para garantizar la continuidad legal del proceso. Recordó que el esquema de concesión fue establecido en 1995 por la Ley 6.608 y contempla diferentes períodos de gestión.
Al finalizar cada etapa, la Provincia recupera temporalmente las acciones Clase A para seleccionar mediante licitación a un operador técnico. La empresa adjudicataria deberá acreditar experiencia en la administración de una red con una escala superior a los 450.000 medidores.
Pese al amplio respaldo que recibió la prórroga, legisladores de diferentes bloques expresaron fuertes críticas contra EDET y el ERSEPT.
Silvia Elías de Pérez, de Valores para Tucumán, cuestionó las condiciones del contrato de concesión y aseguró que existe un desequilibrio favorable a la distribuidora. También objetó los cargos fijos escalonados, las multas aplicadas por mora y los plazos de reconexión del servicio.
“Cuando una familia pierde la luz, no solamente pierde la luz: pierde la posibilidad de conservar sus alimentos, pierde horas de trabajo y pierde dignidad”, afirmó.
El legislador peronista Hugo Ledesma denunció problemas en la facturación y daños en electrodomésticos ocasionados por cortes y variaciones de tensión.
“Cobran lo que quieren y hay que pagar, si se puede, y después protestar porque arruinan los electrodomésticos”, expresó.
Gerónimo Vargas Aignasse también apuntó contra la rapidez con la que se realizan las suspensiones y las demoras posteriores para restablecer el suministro. El oficialista calificó a EDET como “el verdugo de la clase media baja de los tucumanos” y cuestionó el endeudamiento de las familias que deben refinanciar sus facturas.
José Seleme, de Avanza Tucumán, acompañó la iniciativa, pero reclamó que la licitación se concrete el 30 de septiembre y que el procedimiento sea transparente. También pidió que la Legislatura reciba información permanente sobre cada etapa del proceso.
Entre quienes votaron en contra estuvo Manuel Courel, quien cuestionó la falta de explicaciones sobre el incumplimiento del calendario original. Además, reclamó información sobre las inversiones previstas, el Plan Eléctrico Integral de Tucumán 2016-2026 y la composición del grupo Edison Energía, actual controlador de la empresa.
José Cano, de Radicalismo Federal, centró su exposición en la presión tributaria y las diferencias tarifarias con otras provincias. Afirmó que los usuarios tucumanos pagan un valor más alto por kilovatio hora que los jujeños, pese a que ambas distribuidoras pertenecen al mismo grupo empresario.
Cano atribuyó parte de esa diferencia a la carga impositiva provincial, las condiciones de compra de energía y los conceptos municipales incorporados a las facturas, como el Cargo por Alumbrado Público de San Miguel de Tucumán.
Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, también rechazó el proyecto. El legislador acusó al Poder Ejecutivo de recurrir de manera reiterada a prórrogas y consideró que la intervención del ERSEPT debilitó la independencia del organismo.
En el cierre del debate, Roque Álvarez sostuvo que la medida tiene carácter técnico y busca garantizar el cumplimiento del marco legal vigente. Reconoció que EDET ocupa una posición dominante por ser la única distribuidora disponible, pero señaló que el procedimiento permitirá seleccionar un operador con capacidad suficiente para administrar el sistema eléctrico provincial.
Con la aprobación legislativa, el Gobierno deberá avanzar con el llamado a licitación antes del 30 de septiembre. El proceso definirá qué operador técnico administrará las acciones Clase A de EDET durante el próximo período de gestión.
“¡Me está amenazando!”: fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos durante la sesión en la Legislatura
El tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la designación de Eduardo Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) derivó en un fuerte cruce entre los legisladores Ricardo Bussi y Tomás Cobos, hijo del ex defensor del Pueblo. La discusión, que comenzó durante el debate por el nombramiento, escaló después de la votación, cuando el referente de Fuerza Republicana denunció en pleno recinto que su par del oficialismo lo estaba amenazando.
Durante su alocución, Bussi se manifestó en contra de la designación y cuestionó que no se hayan normalizado los entes que permanecen intervenidos. Recordó que Eduardo Cobos fue legislador provincial, funcionario durante la gestión de José Alperovich y defensor del Pueblo, y sostuvo que distintos cargos públicos fueron utilizados con fines electorales.
En ese marco, el opositor denunció que elementos de la Defensoría del Pueblo habrían sido utilizados durante la campaña de Tomás Cobos y cuestionó el crecimiento de la estructura del organismo. Según afirmó, la Defensoría pasó de tener 340 empleados a contar con 486 agentes en planta permanente, de acuerdo con datos del último Presupuesto provincial.
Tomás Cobos pidió inmediatamente la palabra y rechazó las acusaciones. Sin nombrarlo directamente, calificó a Bussi de “dinosaurio político” y recordó que hubo un pedido de juicio político contra su padre que terminó archivado.
El legislador oficialista elevó entonces el tono de sus cuestionamientos y apuntó contra dirigentes que, según dijo, realizan discursos para las cámaras. “Son los primeros que luego pasan por la Presidencia y la Casa de Gobierno a pedir bolsos”, lanzó. Bussi rechazó de inmediato esa afirmación.
“Empiezan a hacer negociados políticos y siguen hablando de austeridad”, continuó Cobos, quien además reivindicó su legitimidad electoral. “Las instituciones acá no se usan para hacer política, se equivocan”, vociferó.
DEPORTES
River Plate perdió por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental y quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Dibu Martínez, en la mira de Chelsea y Tottenham: Aston Villa busca una salida para el argentino
Explosivo comunicado del Atlético de Madrid por Julián Álvarez: “Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barcelona”
Además, desde el Atlético aseguraron que la insistencia del Barcelona “ha perjudicado” al club tanto en el aspecto económico como en el social. Y fueron todavía más contundentes al referirse a una posible transferencia: “Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça”.
El Barcelona mantiene una propuesta cercana a los 150 millones de euros para intentar quedarse con el atacante argentino. Sin embargo, en Madrid sostienen que la discusión ya excede lo económico y remarcan que la decisión responde a una cuestión institucional: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, señalaron.
La dirigencia del Atlético también apuntó contra Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, y consideró que alrededor del futbolista se instaló una versión que perjudica directamente al club. “Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético”, afirmaron.
Mientras tanto, el futuro deportivo de la Araña también genera incertidumbre. El delantero está en el radar de Arsenal, aunque su intención no sería regresar a Inglaterra, y Simeone espera contar nuevamente con él este jueves. El objetivo del entrenador es que esté disponible para el partido del sábado ante Sevilla, líder del campeonato, aunque todavía no está confirmado si será titular o volverá a comenzar desde el banco.
Con el mercado de pases todavía abierto y el interés del Barcelona firme, el caso Julián Álvarez promete nuevos capítulos. Por ahora, el Atlético de Madrid fue tajante: no quiere venderlo al conjunto catalán y pretende que el delantero continúe en el club.
Fórmula 1 -
Atención, Colapinto: la FIA lanzó una fuerte advertencia tras la polémica sanción en Países Bajos
Franco Colapinto fue uno de los protagonistas del Gran Premio de Países Bajos, aunque su actuación quedó marcada por las dos sanciones que recibió durante la competencia. Las decisiones de los comisarios generaron una fuerte polémica y, después de los cuestionamientos que aparecieron en redes sociales, la FIA salió a respaldar a sus oficiales y lanzó una contundente advertencia.
La primera penalización fue la que más controversia generó. Colapinto recibió un drive through por adelantar a Yuki Tsunoda bajo doble bandera amarilla, en una maniobra que ocurrió poco después del fuerte accidente de Max Verstappen. El argentino había realizado una muy buena largada y se encontraba en zona de puntos, pero el castigo modificó por completo el desarrollo de su carrera.
Más tarde, el piloto de Alpine recibió otros diez segundos de penalización por una infracción bajo bandera amarilla y finalmente terminó en el decimocuarto puesto. Después de la carrera, Colapinto cuestionó la decisión de los comisarios y explicó que había visto las banderas amarillas demasiado tarde, en una zona mojada y con restos sobre la pista.
El tema tomó todavía más repercusión cuando Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del argentino, criticó públicamente a los comisarios a través de X. El ejecutivo cuestionó las decisiones tomadas durante la competencia y consideró que estaban perjudicando los resultados de las carreras.
Ante la escalada de la polémica, la FIA emitió un comunicado este martes para condenar los mensajes de odio, las amenazas y los ataques personales contra sus oficiales. El organismo aclaró que las diferencias de criterio forman parte del deporte, pero remarcó que ningún desacuerdo puede justificar el acoso hacia los comisarios.
“Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales”, expresó la FIA. Además, recordó su campaña United Against Online Abuse, destinada a combatir el abuso en línea dentro del deporte, y pidió a los aficionados mantener el respeto tanto en las redes sociales como fuera de ellas.
En paralelo, Alpine también tomó distancia de los ataques contra la FIA y sus comisarios. La escudería consideró que las sanciones recibidas por Colapinto fueron “ciertamente severas”, aunque reconoció que se ajustaron al reglamento y que fueron aplicadas de manera consistente con respecto a otros pilotos.
De esta manera, la polémica por las sanciones a Colapinto continúa, aunque tanto la FIA como Alpine dejaron clara su postura. El argentino ahora buscará dejar atrás lo sucedido en Zandvoort y concentrarse en las próximas carreras de la temporada de Fórmula 1.
