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30/7/2026
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Polìtica
Ricardo Bussi reclamó “una oposición unida en Tucumán para el 2027”
Con las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 ya fijadas, el escenario político tucumano comenzó a moverse con mayor intensidad. Fuerza Republicana se prepara para disputar el próximo proceso electoral y su principal referente, el legislador Ricardo Bussi, volvió a poner sobre la mesa una vieja aspiración de su espacio: construir una oposición unificada que pueda competir contra el oficialismo provincial.
En La Gaceta, Bussi aseguró que su partido llega a la carrera electoral con una estructura territorial consolidada y destacó que cuenta con referentes “en cada una de las comunas y cada uno de los puntos de la provincia de Tucumán”. “Nos pone en una posición ventajosa respecto de otras agrupaciones políticas”, sostuvo.
Afirmó que Fuerza Republicana está “absolutamente dispuesta a confrontar”, pero consideró que el desafío central de la oposición será superar las diferencias internas y construir un espacio común. “Esperamos que de una vez por todas se unifique la oposición”.
Según Bussi, se trata de una discusión que lleva dos décadas sin encontrar un punto de acuerdo. “Venimos trabajando hace 20 años y nunca lo hemos logrado por cuestiones sectoriales que nada tienen que ver con los intereses de la gente”, cuestionó.
Bussi puso dos condiciones para avanzar
El referente republicano fue más allá y planteó cuáles son, a su entender, los obstáculos que deberían despejarse para sentar a los distintos sectores opositores en una misma mesa. En particular, apuntó contra dos dirigentes que aparecen en el escenario electoral: Mariano Campero y Lisandro Catalán.
Respecto a Campero, Bussi reclamó que decline su candidatura a gobernador. “Eso obstaculiza ir a una mesa de diálogo ya con una postura tomada”, afirmó. Su planteo parte de una premisa: primero debería definirse un proyecto común y después discutir quién será el candidato que lo encabece.
Para Bussi, comenzar una negociación con dirigentes que ya se presentan como aspirantes a la Gobernación dificulta alcanzar un acuerdo.
El segundo cuestionamiento estuvo dirigido a Catalán, a quien Bussi le objetó su eventual candidatura por un supuesto incumplimiento del requisito constitucional de residencia.
“Catalán no reúne las condiciones constitucionales que exige nuestra ley fundamental. Nuestra Constitución dice que tiene que estar dos años de residencia inmediata en la provincia”.
El legislador afirmó que Catalán no reside en Tucumán y señaló que su esposa, sus hijos y su vida familiar se encuentran en Buenos Aires. “Viene todas las semanas, eso no quiere decir que reside en la provincia”, aseguró.
Un dictamen judicial cuestiona la reforma del Tribunal de Faltas dispuesta por el municipio
La disputa institucional por el futuro del Tribunal Municipal de Faltas entró en su etapa decisiva. Después de más de un año de litigio, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa quedó en condiciones de resolver la demanda promovida por el presidente del organismo, Gerardo Poliche, contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por la reorganización impulsada mediante el decreto 99/2025.
El expediente avanzó luego de que la Fiscalía de Cámara emitiera un dictamen favorable al planteo de inconstitucionalidad formulado por Poliche. Tras esa intervención, el tribunal dispuso el pase de la causa a sentencia, por lo que ahora serán los jueces quienes deberán decidir si mantienen o dejan sin efecto la reforma administrativa implementada por el municipio.
El conflicto comenzó con el decreto 99/2025, firmado el 18 de febrero del año pasado, mediante el cual el Departamento Ejecutivo modificó aspectos centrales del funcionamiento interno del Tribunal de Faltas. La demanda también cuestiona la resolución 1457/2025 y los decretos posteriores que reglamentaron ese esquema, al considerar que todos derivan del mismo acto administrativo.
En la demanda, Poliche sostuvo que la reforma excedió las facultades del Ejecutivo municipal porque alteró la estructura y la organización de un órgano cuya regulación corresponde al Concejo Deliberante.
Entre otros puntos, cuestionó la creación de la Oficina de Gestión Administrativa de Causas (OGAC), dependiente de la Dirección de Administración de Faltas, al entender que concentró funciones administrativas y procesales en un funcionario designado por el Ejecutivo, desplazando atribuciones propias de los jueces contravencionales. También objetó el sistema de rotación obligatoria de magistrados cada seis meses, por considerar que podía afectar el principio del juez natural y generar inseguridad jurídica para los ciudadanos sometidos a procesos contravencionales.
En una ampliación de la demanda presentada meses después, el titular del Tribunal fue todavía más lejos y calificó al decreto como "el certificado de defunción" del organismo, al entender que desmantelaba la estructura prevista por la legislación vigente.
El punto más fuerte del expediente llegó con el dictamen firmado el 7 de julio por la Fiscalía de Cámara. La representante del Ministerio Público, Juana Inés Hael, concluyó que el decreto municipal modificó el funcionamiento del Tribunal de Faltas invadiendo competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades reserva expresamente al Concejo Deliberante.
El dictamen recuerda que el artículo 25 inciso 31 de la Ley 5.529 atribuye al cuerpo legislativo municipal la facultad de crear y reglamentar el funcionamiento del Tribunal de Faltas y dictar el Código de Faltas correspondiente. Por esa razón, sostiene que el Ejecutivo no podía introducir esos cambios mediante un decreto propio.
Sobre esa base, la Fiscalía concluyó que el decreto 99/2025 y la resolución 1457/2025 "afectan la jerarquía normativa" y quebrantan el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional, por lo que dictaminó que ambas normas resultan inconstitucionales.
El dictamen fiscal no obliga a la Cámara, pero suele constituir un antecedente de peso en este tipo de procesos. Con esa opinión ya incorporada al expediente, la Sala III resolvió el pasado 27 de julio dejar la causa en estado de sentencia. La resolución que adopten los jueces definirá si la reorganización impulsada por la Municipalidad continúa vigente o si debe ser anulada por haber sido dictada sin competencia legal suficiente. /Tendencia de Noticias
De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”
En medio de la disputa interna de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones en Tucumán, Mariano Campero lanzó fuertes acusaciones contra Federico Pelli y Lisandro Catalán. El diputado sostuvo que Pelli “no vive en Yerba Buena” y denunció que tanto él como Catalán habrían realizado cambios de domicilio de manera irregular para cumplir con los requisitos necesarios para ser candidatos en la provincia.
“Pelli está mintiendo; no vive en Yerba Buena, no tiene la residencia”, afirmó el ex intendente al referirse a la situación del diputado nacional. Según explicó, su espacio estaría recopilando documentación para respaldar sus cuestionamientos y señaló que Pelli habría modificado dos veces su domicilio durante una misma semana en una oficina oficial del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Campero sostuvo que esa situación podría configurar un delito contemplado en el Código Nacional Electoral. “Hay un delito claro en el artículo 137 del Código Nacional Electoral, que habla de falso domicilio”, afirmó. Y agregó que la normativa sanciona a quien incorpora o inscribe un domicilio falso con fines electorales.
El Gobierno prohibirá el ingreso al país a extranjeros que “expresen mensajes de odio” contra la Argentina
El cambio fue dispuesto mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá, además, cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en conductas contra la Argentina, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. En la normativa, el Ejecutivo aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.
Asimismo, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. También argumentó que esas manifestaciones representan “un riesgo para los ciudadanos y quebrantan el respeto básico” que deben mantener los extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en el territorio nacional.
En la normativa señaló que ese tipo de conductas desnaturalizan el sentido de la política migratoria argentina y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. De esta manera, sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden producir un impacto concreto sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.
Con ese fundamento, el DNU incorporó una nueva causal de impedimento de ingreso y permanencia en el artículo 29 de la Ley de Migraciones. El nuevo motivo consta de los mensajes de odio formulados de manera oral o escrita, la incitación a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y la participación o instigación de actos de ultraje contra símbolos patrios.
Una disposición similar fue añadida al artículo 62 de la ley, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada. En esos casos, la decisión podrá conllevar la intimación a abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente la expulsión, para lo cual deberán considerarse las circunstancias personales y los hechos atribuidos al extranjero.
Para justificar la medida, el Ejecutivo citó un fallo de la Corte Suprema en el que se establece que toda nación soberana posee la facultad de prohibir el ingreso de extranjeros o admitirlos “bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir”.
El decreto entrará en vigencia a partir de este viernes 31 de julio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar su dictamen al pleno de ambas cámaras para su tratamiento expreso dentro de un plazo de diez días hábiles.
La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de gabinete, Diego Santilli; y los ministros Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Minutos después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente difundió en su cuenta de X un comunicado, únicamente firmado por el Presidente, en el que ratificó la decisión. Allí, el Gobierno presentó la medida como una respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”.
“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó.
La campaña “anti-Argentina” denunciada por el Gobierno
La decisión se conoció pocos días después de que distintas celebridades extranjeras publicaran críticas contra la selección argentina y el país, tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. Tal como informó LA NACION, el Gobierno calificó esa sucesión de mensajes como una campaña “anti-Argentina” y Milei acusó a los gobiernos de Brasil y México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de participar en ella. El mandatario aseguró que “el 25% de los recursos utilizados” salió del gobierno brasileño.
Una de las declaraciones que más repercusión generó fue la del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien definió a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista” y pidió a la comunidad negra que no apoyara al equipo albiceleste. También se pronunciaron la actriz Mia Khalifa, el cantante irlandés Niall Horan y el escritor español Arturo Pérez-Reverte, mientras que Rosalía pidió disculpas después de compartir una publicación contra los hinchas argentinos.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló posteriormente la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España y cualquier parte del mundo hablen de la Argentina como un país racista claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo.
Las acusaciones se produjeron, además, en medio de una crisis diplomática entre la Argentina y Brasil. El conflicto se abrió después de que Milei calificara a Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario” durante el acto que erigió a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha en las próximas elecciones brasileñas.
Como respuesta, el gobierno de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle su repudio.
Bitelli se reunió este miércoles con el canciller Mauro Vieira y con Lula, tras lo cual Brasil decidió mantenerlo temporalmente en territorio brasileño mientras continúa evaluando la relación bilateral. /La Nación
Juicio por la Terminal de Ómnibus: el perito exige $ 441 millones a la Provincia y acusa a la Fiscalía de querer "licuarle" sus honorarios
La controversia por los honorarios profesionales en una de las causas judiciales más antiguas contra la Provincia de Tucumán sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Fiscalía de Estado impugnara una liquidación que elevó el crédito del perito contador Augusto Pío Tacconi a $441,7 millones y reclamara reducirla a unos $25 millones, el profesional contestó formalmente ese planteo y pidió a la Cámara Contencioso Administrativa que rechace la presentación oficial.
En un escrito de siete páginas, el abogado Luis Alfredo López, en representación de Tacconi, sostuvo que la posición de la Provincia parte de un "error conceptual de base", porque considera que los honorarios constituyen una deuda de dinero cuando, según su interpretación, se trata de una deuda de valor que debe conservar íntegramente su poder adquisitivo. Por ese motivo solicitó que se apruebe la liquidación por $441,7 millones, aunque dejó abierta la posibilidad de aceptar una solución intermedia que preserve "los umbrales mínimos de la equidad".
La respuesta constituye la réplica al planteo realizado días atrás por la Provincia, que cuestionó la utilización de la denominada tasa TIM para actualizar los honorarios y advirtió que ese mecanismo multiplicaba de manera desproporcionada el monto originalmente regulado.
El eje central de la defensa del perito consiste en afirmar que los honorarios profesionales no pueden tratarse como una deuda nominal. Para respaldar esa posición, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostiene que el dinero es solamente la medida de la prestación, mientras que el verdadero objeto de la obligación es un valor que debe mantenerse indemne frente al proceso inflacionario. Según el escrito, aplicar el criterio nominalista impulsado por la Provincia implicaría desconocer precedentes del máximo tribunal y afectar el derecho de propiedad del profesional.
La presentación también rechaza el argumento oficial según el cual cualquier actualización debería discutirse en otro proceso judicial. Para la defensa, lo que se debate en esta incidencia no es la base regulatoria sino la forma de preservar el valor real del crédito ya reconocido por sentencia.
Uno de los puntos más fuertes del escrito aparece cuando compara la evolución económica desde octubre de 2017 -fecha utilizada para cuantificar los honorarios- con la actualización propuesta por la Provincia. Según la defensa, la tasa activa aplicada por el Estado apenas multiplicaría el crédito por 5,7 veces, cuando durante ese mismo período los precios, salarios y costos de la economía crecieron alrededor de 90 veces.
"La aplicación de la tasa activa implica una licuación y confiscación superior al 90% de los honorarios", afirma el documento. Incluso sostiene que aceptar la planilla oficial convertiría al proceso judicial "en un mecanismo de expoliación profesional".
En ese sentido, el escrito insiste en que la tasa TIM -reglamentada por la Resolución 1/2026 del Banco Central- constituye "la única herramienta técnica" capaz de preservar el valor real del crédito frente a la inflación.
Aunque mantiene el reclamo por los $441 millones, la defensa introduce una alternativa. Solicita que, si la Cámara considera inapropiada la aplicación plena de la tasa TIM, utilice sus facultades para fijar un mecanismo de actualización que refleje de manera razonable la realidad económica y evite la pérdida del valor del honorario.
Además, deja expresamente planteada la reserva del caso federal para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si considera que una eventual resolución termina consolidando la licuación del crédito profesional. /Tendencia de Noticias
DEPORTES
Tagliafico se burló de una curiosa foto viral de Licha Martínez
Durante el reconocimiento, el defensor de Manchester United tomó la palabra ante una gran cantidad de vecinos y fue fotografiado mientras brindaba un discurso desde un escenario. La postal recordó a muchos un acto político y su compañero en la Albiceleste no dejó pasar la oportunidad para hacer una broma.
Más tarde, amplió su agradecimiento con un sentido mensaje: "Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento".
Tras la extensa estadía con la Selección durante el Mundial, algunos futbolistas ya se reincorporaron a sus clubes, mientras que otros continúan disfrutando de sus vacaciones junto a sus seres queridos antes de volver a la competencia.
La historia de Kiki Ramos, el joven nacido en Haití que debutó en la Selección argentina Sub 17
La Selección argentina Sub 17 dio un paso más en su preparación para el Mundial de Qatar y, además del triunfo por 2-1 ante Ecuador, dejó una historia que no pasó desapercibida: el esperado debut de Stephen “Kiki” Ramos, el juvenil nacido en Haití que sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste.
El equipo dirigido por Diego Placente se impuso este martes a puertas cerradas en el estadio de Lanús gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos futbolistas de Vélez. El descuento de la Tri fue obra de Mateo Villanueva.
Sin embargo, una de las grandes novedades de la jornada fue el ingreso de Kiki Ramos, que puede desempeñarse como extremo por la banda izquierda o como delantero de área.
El juvenil del Fortín, nacido en Haití y con posibilidad de representar a la Argentina, tuvo su estreno oficial en la Sub 17 y comenzó a escribir su propia historia con la camiseta nacional.
Placente apostó de arranque por Valentín Reigia (Argentinos Juniors); Thiago Pérez (Huracán), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizabal (Banfield), Alex Cardozo (Lanús); Galo Escobar (River), Benjamín Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Juan Cruz Policella (Vélez); Facundo Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River). En el complemento llegó el turno de Ramos, que ingresó desde el banco y vivió un momento muy esperado.
Quién es “Kiki” Ramos, el goleador que nació en Haití y ahora hace historia tras ser convocado en la Selección argentina
La particular historia de Stephen Ramos comenzó el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital haitiana, pero su lazo con la Argentina se selló cuando apenas tenía ocho meses de vida, momento en el que fue adoptado por su familia actual. Criado en el país, el joven delantero tramitó la ciudadanía y comenzó a edificar su pasión por la pelota en los potreros barriales.
Su llegada al club de Liniers se produjo de manera fortuita a los seis años, cuando un vecino e hincha de Vélez notó sus extraordinarias condiciones en los picados del barrio y lo motivó a probarse en la institución. Desde entonces, el atacante recorrió de forma ascendente todas las categorías de infantiles y juveniles en la afamada cantera de “La Fábrica”.
A sus 17 años, Ramos se consolidó como una de las máximas promesas de la Sexta División velezana, bajo la dirección técnica de Héctor Manfredi. Se desempeña principalmente como extremo por la banda izquierda o como delantero de referencia gracias a una imponente fisonomía atlética.
